¿Debe el Estado ser igual para todas las personas? Un Estado monocultural frente a un mundo diverso. ¿Y ahora?

Una docena de tiendas de campaña se despliega a orillas del río Negro, en la Amazonía brasileña. Todas tienen la misma tonalidad azul de la lona que las familias trajeron de sus casas, fruto de años anteriores, o que compraron en São Gabriel da Cachoeira, el inmenso municipio que explica la razón de que estén acampadas. Debajo de ellas, el escenario también es idéntico: maletas, cajas, ollas, motores. Mucha basura. Justo al lado, una pequeña fogata donde generalmente se prepara un pollo pálido para saciar a duras penas el hambre.

Igual es el motivo que las trae todos los años a la zona urbana: conseguir documentos y acceso a subsidios sociales. E igual es el saldo de estas expediciones emprendidas anualmente por decenas de pueblos indígenas: deudas y estafas financieras, hambre temporal, humillación y problemas agravados por el consumo excesivo de alcohol, incluyendo muertes por ahogamiento y suicidios.

En el caso del pueblo Hupd’äh, desde al menos 2013 se registran bajadas masivas a la ciudad. Las familias llegan a pasar más de tres meses acampadas a orillas del río, un escenario que se repite entre otros pueblos, en otras localidades, especialmente en la Amazonía. Fue en aquella época cuando el acceso a la jubilación y a Bolsa Família (el programa de renta básica de Brasil) comenzó a valer la pena. Es decir, el costoso viaje a la ciudad pasó a compensar desde el punto de vista financiero —desplazarse desde las comunidades hasta las áreas urbanas puede tomar seis, siete u ocho días en lancha, con un costo que supera los 1000 dólares.

Hace bastante tiempo que el Estado brasileño está al tanto de esta realidad. En 2016, el Ministerio Público Federal emitió una recomendación pidiendo una serie de adaptaciones en el acceso de los pueblos indígenas a los subsidios sociales. Entre ellas, la contratación de personal de traducción de lenguas indígenas en los organismos públicos y el pago de las prestaciones directamente en las comunidades, sin obligar a las familias a migrar todos los años a la ciudad. Ese  mismo año, el Ministerio de Desarrollo Social publicó un informe en el que admitía que la inserción precipitada de estos pueblos en procesos burocráticos y en el mundo del dinero había causado problemas.

Pero lo que se ve una década más tarde es bastante similar. El problema es especialmente grave entre los pueblos de reciente contacto. Actualmente, 22 pueblos están reconocidos en esta condición, con un total de 45 mil personas; entre ellos, los Hupd’äh, con una población estimada de 2600 personas. La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) considera, al hacer esta clasificación, no solo la antigüedad del contacto con la llamada «sociedad envolvente», sino el dominio que un determinado pueblo tiene respecto a los códigos y normas vigentes.

Esto no significa que el problema deje de afectar a integrantes de otros pueblos indígenas. Brasil cuenta con 391 pueblos reconocidos, en una población total de 1,7 millones de personas. Una diversidad enorme que choca con la idea de un país monocultural, que no reconoce más nacionalidad que la brasileña ni otro idioma que no sea el portugués.

São Gabriel da Cachoeira es uno entre varios ejemplos posibles para entender la complejidad del asunto. El municipio es el tercero más grande de Brasil, con una extensión equivalente a la de Cuba. Allí conviven 24 pueblos indígenas, con cuatro idiomas oficiales —y algunos otros no reconocidos oficialmente—. La migración de miles de personas a la sede municipal provoca una especie de colapso en los servicios públicos.

Allí, familias que no hablan portugués necesitan entender ¿qué es un documento? ¿Por qué se impone como puerta de entrada para acceder a los beneficios? ¿Por qué tarda tanto en emitirse? Para acceder a cualquier subsidio, es necesario tener el documento nacional de identidad. Para tener ese documento, se necesita un acta de nacimiento. Si la persona es mayor de 18 años, puede descubrir que tiene deudas con el Ejército, obligatorio para los hombres en Brasil, y con la Justicia Electoral.

Conviene recordar que los documentos son códigos, normas y convenciones que nos fueron presentados: no forman parte de la naturaleza humana. En otras palabras, es necesario que el Estado se ocupe de presentar la burocracia de forma amable y no impositiva a quien la necesita, y que se respete el bajo dominio que algunos pueblos presentan respecto a este universo.

La mayoría de los organismos públicos no dispone de personal de traducción que cubra la diversidad lingüística de la región, lo que genera situaciones surrealistas. Con frecuencia, los documentos se emiten con errores tipográficos, lo que obliga a las familias a recurrir al propio Estado para interponer una demanda judicial que resuelva el problema.

Las leyes brasileñas y la Constitución reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación. Esto significa que estos pueblos tienen derecho a elegir cómo quieren vivir. Sin embargo, lo que se observa en la relación con la burocracia estatal colisiona frontalmente con este principio. Como escuché de diferentes funcionarios públicos, «los Hupd’äh están «atrasados»» en comparación con otros pueblos indígenas. Guiarse por esa lógica implica emprender medidas para acelerar su integración en el mundo del dinero y en los modos de vida de la sociedad envolvente; es decir, de los blancos.

La Funai advierte que la imposición de documentación constituye una violación de los derechos de los pueblos indígenas. Pero los demás organismos públicos trabajan en sentido contrario, entendiendo que la emisión de documentos es un paso necesario para promover la ciudadanía de las personas indígenas. Nuevamente, un conflicto con el principio de autodeterminación. La actual presidenta de la Funai, Lúcia Alberta Baré, considera que un gran desafío es «indigenizar» el Estado, logrando que los servidores de cualquier organismo entiendan que tienen una responsabilidad en los asuntos indígenas y el deber de respetar la Constitución.

Es un buen momento para hablar específicamente sobre Bolsa Família. El programa se creó en 2004, concebido como un impulso necesario para familias urbanas en situación de vulnerabilidad. La ley define Bolsa Família como una estrategia para «la interrupción del ciclo de reproducción de la pobreza entre generaciones».

Esta inclusión de los pueblos indígenas en el concepto de pobres realiza ciertas transposiciones culturales problemáticas. Empezando por lo más evidente: la población indígena que viven en comunidades pueden no tener ingresos, pero no son pobres. En el estudio realizado en 2016 por el gobierno, quienes lideraron la investigación, llamaron la atención sobre el hecho de que ninguna mujer indígena se consideraba a sí misma pobre; al contrario, percibían que tenían una vida abundante.

Esto no significa que los indígenas no deban recibir el Bolsa Família. De nuevo, se aplica el principio de autodeterminación. Actualmente, 255 mil familias indígenas tienen acceso al subsidio, dentro de un total de 19 millones de personas beneficiarias. La mayoría de las familias indígenas recibe Bolsa Família, pensión o subsidio por maternidad. Este dinero cumple un papel relevante en el acceso a bienes de consumo. Y, en casos dramáticos donde las personas fueron expulsadas de sus territorios o están cercadas por la agroindustria, el recurso se utiliza para mitigar situaciones de hambre y escasez de caza, pesca y alimentos.

Como propone la propia Funai, es necesario pensar en un Bolsa Família comunitario, cuya gestión se adapte a las propuestas y modos de vida de cada pueblo. Por ejemplo, actualmente el subsidio está condicionado a la asistencia de los niños y las niñas a la escuela. Esto puede no tener sentido para varias comunidades indígenas. Entre los pueblos de reciente contacto, seis de los 22 no cuentan con ninguna escuela en sus territorios, lo que significa que, para recibir el Bolsa Família, deben abandonar su lugar de origen.

En este sentido, los subsidios sociales terminan cumpliendo un rol contradictorio. Lo que debería otorgar autonomía financiera a las familias representa una situación de vulnerabilidad. El Ministerio Público Federal interpuso una demanda en 2020 contra el Gobierno Federal. En 2025, el organismo obtuvo una sentencia favorable que reconoce que estamos ante una violación de los derechos humanos. Entre otras medidas, la Justicia determinó que el pago de los subsidios se realice directamente en las comunidades. En junio de 2026, el gobierno debía haber presentado un plan de adaptación. En su lugar, solicitó una prórroga de 120 días alegando que se trata de un plazo muy corto para una tarea de tal magnitud. En este punto, no está de más recordar que nos encontramos ante una situación conocida desde hace más de una década.