La alimentación es un derecho humano fundamental que requiere de un ejercicio democrático efectivo para ser garantizado.
En la discusión mediática sobre nutrición, y en los últimos años bajo el predominio de las redes sociales, suele dominar un discurso centrado en la responsabilidad individual, en el que se asume que comer bien depende de la voluntad, el conocimiento o las preferencias personales de cada comensal.
Sin embargo, la evidencia científica, los informes internacionales y los análisis socioeconómicos sobre el sistema agroalimentario demuestran lo contrario: la alimentación es un derecho humano fundamental que requiere de un ejercicio democrático efectivo para ser garantizado.
Comer de manera adecuada no es solo una decisión que se toma frente al anaquel del supermercado o en un puesto de venta de mercado; sino que está determinado por la distribución de la tierra, la infraestructura de transporte, las dinámicas del mercado global, la concentración del poder empresarial y las políticas públicas del Estado.
El derecho a la alimentación
El derecho a la alimentación adecuada está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, y consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966.
Según la Observación General No. 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este derecho se ejerce cuando toda persona tiene acceso físico y económico, en todo momento, a alimentos adecuados o a los medios para obtenerlos.
Es importante señalar que el derecho a la alimentación no debe verse solo como un simple conjunto de calorías, proteínas u otros nutrientes, sino que implica que la comida sea cualitativa y cuantitativamente suficiente, culturalmente pertinente, segura, nutritiva y asequible.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) subrayó el Día Mundial de la Alimentación de 2024 que la alimentación es la tercera necesidad humana más básica, después del aire y el agua.
En América Latina y el Caribe, 1 de cada 4 personas no puede permitirse una dieta saludable.
América Latina y el Caribe: el costo de comer sano
Los datos publicados en el informe “El estado de la seguridad y la nutrición en el mundo 2026” reflejan una paradoja en América Latina y el Caribe. Por un lado, la región ha mostrado avances en la reducción del hambre: en 2025, el hambre afectó a 32 millones de personas (4.8 % de la población) y la inseguridad alimentaria moderada o grave bajó al 22.9 %, consolidando una tendencia de recuperación iniciada en 2020.
Por otro lado, la región tiene el costo de una dieta saludable más elevado del planeta, alcanzando los 4.91 dólares de paridad de poder adquisitivo (PPA) diarios por persona en 2025. Esto provoca que el 25.7 % de la población regional (1 de cada 4 personas) no pueda permitirse una alimentación sana.
Un dato revelador es que las hortalizas constituyen el componente más costoso de la dieta en la región y que las dificultades en la distribución intermedia y las deficiencias en la logística de transporte encarecen de forma desproporcionada los alimentos frescos y nutritivos.
También la mala nutrición en la región no solo se manifiesta en la falta de alimentos, sino en la malnutrición por exceso. A nivel mundial, más de 2 800 millones de personas no pueden costear una dieta sana, lo que ha disparado los índices de sobrepeso y obesidad.
«No hay capacidad de decisión sin democracia»
Para profundizar sobre este ámbito social de los sistemas alimentarios, conversamos con el sociólogo Luis Ernesto Blacha, profesor regular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) e investigador adjunto en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Frente a la noción del «comensal aislado» —el mito sociológico de que cada individuo es el único responsable de lo que come, acuñado por la antropóloga Patricia Aguirre — el especialista señala la asimetría del sistema.
«Construir un comensal aislado, decir que vos sos responsable de lo que comes cuando la oferta está delimitada de antemano, te lleva a que te resignás (…) y reducir la capacidad de decisión es atentar contra la democracia”.
En el análisis del sistema agroalimentario actual, Blacha distingue dos tipos de partes o figuras centrales: la ciudadanía o población usuaria final (la población comensal) y las entidades intermedias (las grandes empresas procesadoras, distribuidoras, desarrolladoras de semillas y firmas de agronegocios).
«El problema es que la capacidad de decisión de esos pocos usuarios intermedios es mucho mayor que todo el conjunto de usuarios finales (…). Lo que vemos es que hay algunos actores poquitos, según Oxfam son como las 10 grandes empresas de la alimentación, que deciden qué come casi toda la población mundial y eso es un gran problema».
Señala que esta alta concentración de mercado promueve modelos como el monocultivo intensivo y que si bien estos esquemas producen masivamente kilocalorías y commodities (como la soja o el maíz), degradan el perfil nutricional de los alimentos, reducen la mano de obra agrícola y desplazan la producción tradicional de alimentos frescos.
“Las decisiones sobre qué comemos están condicionadas por el sistema alimentario en el que vivimos.”
Producción y consumo
El doctor Blacha enfatiza que no se puede separar la producción del consumo. «No se puede pensar los alimentos sin pensar cómo se producen, quién los produce y en dónde (…). Los alimentos ultraprocesados surgen a partir de commodities, no a partir de alimentos frescos. Y esos commodities tienen propiedades nutricionales degradadas, pero sobre todo el mayor impacto es social y ambiental».
Apunta que debido a que los alimentos ultraprocesados son baratos de fabricar y fáciles de conservar, la industria ha logrado estabilizar su consumo cotidiano a través de la noción de “convenience” (conveniencia): productos preelaborados que se adaptan al ritmo de vida urbano pero que empobrecen la diversidad de la dieta.
“No va a haber alimentos saludables y frescos si no hay gente que los produzca. Y no va a haber gente que los produzca si esos territorios están siendo usados para otra forma de producir, por ejemplo, monocultivos».
Respuestas democratizantes
Ante este escenario, Blacha propone ampliar el concepto de solución alimentaria, más allá de un producto fortificado o una nueva guía nutricional; y abarcar cualquier tecnología organizativa o de infraestructura que integre a los pequeños productores y pequeñas productoras y facilite el acceso comunitario a comida de calidad.
“¿Por qué una ruta o un tendido eléctrico no puede ser parte de una solución alimentaria? Si hacés que se pueda llegar más fácilmente a donde están los pequeños productores, reducís los costos de transporte y hacés que más gente acceda a alimentos frescos»*.
Inspiradas en modelos como el programa Fome Zero (Hambre Cero) de Brasil, Blacha señala que las compras públicas del Estado garantizan a la agricultura familiar un mercado seguro, lo que ayudaría a permitir que los comedores escolares ofrezcan productos locales frescos, formando el paladar de las nuevas generaciones lejos de los ultraprocesados.
Mientras que en torno a la tenencia equitativa de la tierra y la protección de los derechos de campesinos, comunidades indígenas y pequeños pescadores son indispensables, en Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, indicó en su informe “La tierra y el derecho a la alimentación”, publicado en enero de 2026, que la tierra debe gestionarse con un enfoque territorial y agroecológico que garantice la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental.
Otro informe de mandato de Relatoría Especial sobre este derecho, “Poder empresarial y derechos humanos en los sistemas alimentarios”, publicado en julio de 2025, concluye que los Estados deben proteger los derechos de la población mediante marcos regulatorios claros, entre estos el etiquetado frontal de advertencia; las restricciones a la publicidad y marketing de ultraprocesados dirigida a niños, niñas y adolescentes; impuestos a alimentos y bebidas no saludables, acompañados de subsidios a la producción de alimentos frescos; y regulación sobre la concentración empresarial, para evitar abusos de precios y distorsiones en los mercados locales.
Apostar por la organización
«El primer granito de arena es cuestionarse por qué está funcionando esto de esta manera y romper el mito de que la salida es que si yo accedo a los alimentos frescos y el resto no, ya hay una solución. Eso no es una solución», enfatiza el sociólogo e investigador Luis E. Blacha.
Entiende que el fortalecimiento de los canales de participación ciudadana pasa por vincularse activamente con los productores y las productoras locales, apoyar los mercados comunales y agroecológicos, y conformar nodos o cooperativas de consumo que faciliten la logística directa del campo a la ciudad.
Puntualiza que garantizar una alimentación sana no consiste únicamente en aprender a comer bien, sino en ejercer el derecho a decidir colectivamente cómo, dónde y para quién se producen los alimentos de nuestra sociedad.
* Foto de portada: Natalia Roca – Minga.
