En la Semana Mundial del Agua, un repaso por cuatro países donde la disputa por el líquido vital queda expuesta con claridad. Para un sector minoritario se trata de un simple recurso para obtener ganancias y, para las mayorías, el agua en un bien de todos, esencial para la vida. 

La Semana Mundial del Agua se celebra todos los años (desde 1991) y centra cada edición en un tema puntual para reflejar la agenda mundial, alineada con el Día Mundial del Agua de la ONU (22 de marzo). El objetivo es crear conciencia sobre bien natural central para la vida la de humanidad. Es organizada por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI) y se autodefine como «una conferencia mundial líder para el diálogo, la colaboración y la innovación; espacio independiente e imparcial sin fines de lucro, que reúne a una comunidad diversa de participantes de muchos orígenes profesionales y regiones». Este año se celebra del 23 al 27 de agosto.

Naciones Unidas recuerda: «El mundo se enfrenta a una reducción de recursos de agua potable del 30% para 2030. Y 2000 millones de personas viven en países sufren de estrés hídrico. Para evitar una crisis de agua mundial, hay que acelerar el trabajo».

En este contexto, hechos de Brasil, Perú, Colombia y Argentina que recuerdan lo simple y esencial: el derecho humano al agua, elemento imprescindible para la vida.

Recitales y eventos masivos

La cantante estadounidense Taylor Swift llegó a Brasil en noviembre de 2023 para seis recitales. En la primera jornada, el 17 de noviembre en Río de Janeiro, la ciudad vivía una extensa ola de calor, con una temperatura que rozaba los 40 grados. Esa noche, en el concierto, murió  Ana Clara Benevides Machado, de 23 años. La causa del fallecimiento fue caratulada como «agotamiento por calor». Entre las denuncias del hecho se resaltó la carencia de agua y la falta de asistencia médica de urgencia.

La noticia sacudió al país, trascendió las fronteras y Swift reprogramó fechas.

El gobierno de Brasil, mediante la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) emitió la Ordenanza 44, que establece para eventos masivos la obligatoriedad de garantizar el acceso al agua potable (desde permitir el ingreso con botellas de agua hasta que las empresas dispongan de bebederos públicos), la adecuada ubicación de puntos de venta de alimentos y bebidas, y facilitar el rescate de personas en situaciones de emergencia.

Aunque algo elemental, fue un paso histórico: en los países de la región se ha naturalizado la prohibición de ingresar con agua a los eventos públicos como conciertos o partidos de fútbol.

En Perú, el 18 de noviembre de 2025, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos aprobó un dictamen para autorizar a los asistentes de eventos masivos el ingreso con agua y alimentos para su consumo personal.

La propuesta tuvo ocho votos a favor y cinco en contra. «La medida radica en restablecer el equilibrio entre consumidores y organizadores, evitando que los ciudadanos sean obligados a consumir productos dentro de los recintos a precios desproporcionados o sin alternativas razonables», explicó Katy Ugarte Mamani, presidenta de la Comisión.

En lo concreto, los asistentes a eventos de más de 500 personas podrán llevar botellas, snacks y acceder a puntos de hidratación gratuita. Incluye, además de conciertos, a los eventos deportivos (como partidos de fútbol). En el debate público también quedó claro que la discusión tiene relación con la búsqueda de «precios justos», ya que es una regla los altos precios de alimentos y bebidas en este tipo de eventos.

Pasaron ya nueve meses y el Congreso Nacional aún no trató el proyecto de ley.

Jaime Delgado Zegarra, de la Asociación Vida, Salud y Ambiente de Perú y actual senador peruano, había celebrado (en noviembre) el paso adelante, pero también había alertado por el accionar del Congreso Nacional: «Hay férrea resistencia de sectores vinculados a las empresas».

En diálogo reciente con Saludable Saberlo, confirmó que la iniciativa no fue tratada y que, ya como senador, en los próximos días insistirá con un proyecto de ley para hacer obligatorio los puntos de hidratación y pase libre con agua en los eventos públicos.

Coca-Cola lo hizo de nuevo

En el municipio colombiano de La Calera, a 18 kilómetros de Bogotá, la multinacional Coca-Cola fue denunciada en 2024 por sobreconsumo de agua en una región que padece sequía e, incluso, con familias campesinas al borde del quebranto por no acceder al bien común.

Habitantes de La Calera, organizaciones socioambientales y académicos alertaron que la empresa selló con cemento manantiales naturales de los que depende la comunidad, en su mayoría rural, y desvió cursos de agua para la planta de embotellado (que lleva la marca comercial «Manantial»).

«La planta de Coca-Cola tiene capacidad para embotellar más de 40 millones de litros mensuales. A pesar de que la empresa asegura cumplir con las normas, los campesinos afirman que sus aljibes se secan cada vez más rápido y que el agua, antes cristalina, hoy baja turbia y con residuos», explicó Javier Camilo Guevara Rodríguez, abogado especializado en derecho ambiental.

Y resaltó que la Procuraduría General de la Nación solicitó en octubre a la Corporación Autónoma Regional (CAR) una revisión urgente de la concesión, alegando posibles irregularidades en los informes de seguimiento y falta de control. En paralelo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pidió suspender temporalmente las captaciones y priorizar el consumo humano.

Guevara Rodríguez afirmó que, según datos de la Contraloría General de la República, más del 60% de las concesiones hídricas en Colombia presentan incumplimientos técnicos o administrativos; la mayoría carece de monitoreo permanente y las CAR (encargada de otorgarlas y vigilar su cumplimiento) operan con recursos limitados y fuertes presiones políticas.

El caso de La Calera fue denunciado inicialmente por una investigación periodística titulada «Agua para Coca-Cola y Bogotá, pero no para su gente», donde detalló que la planta de la marca comercial Manantial fue construida en 1981, es una de las siete embotelladoras de Coca-Cola en Colombia y, como todas, extrae cantidades industriales de agua. Tiene autorizado utilizar 3,23 litros por segundo. «Como la planta opera 24 horas, Manantial puede extraer a diario 279.000 litros», precisó.

Guevara Rodríguez sintetiza la tensión entre dos visiones del territorio: una que concibe el agua como bien común y otra que la reduce a insumo productivo. «El control corporativo de las fuentes naturales convierte el derecho al ambiente sano en privilegio y reproduce un modelo de desarrollo extractivista que despoja a las comunidades rurales de su autonomía hídrica», afirma.

Coca-Cola tuvo conflictos por agua en México, India y Filipinas. «Reflejan un patrón global de privatización de bienes comunes. El caso de Coca-Cola en La Calera no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo que convierte el agua en mercancía y subordina los derechos humanos a la lógica del mercado», acusa el abogado Guevara Rodríguez. Y señala que, frente al modelo extractivista de las multinacionales, la comunidad propone otra racionalidad: la del cuidado, la reciprocidad y el derecho colectivo a decidir sobre el territorio y la gobernanza del agua.

Argentina y la privatización del agua

La empresa estatal AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos) es la mayor compañía de agua del país, con once millones de usuarios (opera en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires). El gobierno de Javier Milei busca privatizar la empresa (volver a una situación del periodo 1993-2006, cuando estuvo al borde de la quiebra en manos el grupo francés Suez).

Diversas versiones periodísticas, y comunicados de organizaciones socioambientales, indicaron el interés de la empresa israelí Mekorot (denunciada en tribunales internacionales por cortar el suministro a la población de Gaza).

En julio de 2025, por decreto, el presidente Milei autorizó el corte del servicio a las familias luego de dos meses de no pago. En total contraposición a diversas leyes y fallos judiciales, como el de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que en 2014 estableció el derecho humano al acceso al agua.

Las ONG Unión de Usuarios y Consumidores Libres presentaron una demanda ante el Poder Judicial. La jueza Martina Forns, del Juzgado Federal N°2 del distrito de San Martín, les dio la razón el 13 de agosto, mediante una medida cautelar, suspendió durante seis meses el decreto de Milei.

La sentencia declara la “nulidad absoluta e inconstitucionalidad” del Decreto Presidencia 493/2025 en tanto por considerarlo «una regresión normativa que afecta al medio ambiente en general y en forma directa a la vida, salud y seguridad de los usuarios”.

Desde la Unión de Usuarios destacaron que «el fallo es un hecho político de enorme relevancia» ante una medida que afectaba directamente a millones de personas y reafirmó: «Ninguna urgencia económica de gobierno justifica vulnerar derechos humanos básicos. El agua y el saneamiento no son un privilegio, son un derecho humano que el Estado y las empresas deben garantizar».

Mientras el presidente Javier Milei insiste en privatizar la empresa, se suman rechazos a la iniciativa del Gobierno: «El acceso al agua debe permanecer bajo control público».