El debate sobre el etiquetado frontal de advertencia nutricional en América Latina ha dejado de ser una discusión teórica para convertirse en una realidad respaldada por datos respaldados por investigaciones. 

En un reciente seminario web convocado por la Comunidad de Práctica Latinoamérica y Caribe Nutrición y Salud (Colansa) —titulado «El etiquetado de advertencia funciona: desde Chile a mejores prácticas en América Latina»—, investigadoras, académicas y activistas expusieron los últimos hallazgos sobre cómo el modelo de advertencias mediante octógonos negros no solo altera la decisión de compra, sino que logra frenar el avance del exceso de peso en la infancia. 

Un impacto medible: el caso chileno

Chile, país pionero al implementar su ley de etiquetado en junio de 2016, ofreció el escenario para medir los efectos de esta política pública. 

La doctora Nieves Valdés, una de las investigadoras principales de un revelador estudio publicado recientemente en la revista médica The Lancet, detalló los aspectos más relevantes del estudio que analizó una muestra longitudinal de más de 320.000 niños y niñas en etapas escolares clave (prekínder, kínder y primer año básico) utilizando registros antropométricos oficiales recopilados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). 

La investigación demostró que la exposición a la ley de etiquetado redujo la probabilidad de que los niños sufran malnutrición por exceso (sobrepeso u obesidad). En una exposición inicial de seis meses, se registró una caída en la probabilidad de exceso de peso del 2,24 % en varones y del 1,91 % en niñas. Cuando la exposición se extendió a 18 meses, la reducción alcanzó hasta el 2,85 % en niños y 2,4 % en niñas. 

“La prevalencia de exceso de peso debido al paso de esta ley de etiquetado cayó entre el 1,9 y 2,9 % […] Encontramos resultados totalmente coherentes y compatibles cuando observamos simplemente el índice de masa corporal ajustado para la edad”, afirmó Valdés. 

La investigadora destacó además el valor preventivo del etiquetado en grupos con mayor vulnerabilidad nutricional, como aquellos niños que nacieron con bajo peso. “Nos comentaban que el niño que nace con un peso bajo al nacer muchas veces tiene un efecto de rebote, más tarde en la vida tiene una probabilidad más alta de tener sobrepeso y por lo tanto la ley de etiquetado podría tener un efecto más fuerte preventivo en estos niños en particular”. 

De su lado, Camila Corvalán, académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile y coautora del estudio, subrayó que este hallazgo cierra un ciclo de evaluación integral sobre intervenciones complejas en salud pública. 

“Este resultado, que es muy robusto en la metodología, es también muy robusto si lo ponemos en el conjunto de los análisis que hemos realizado, en términos de sugerir que son resultados asociados a esta intervención. […] Viene a aportar evidencia empírica muy robusta de que el nuevo ciclo de políticas que vienen debiera estar centrado entonces en la modificación de entornos”, remarcó. 

Enfatizó que estos datos obligan a replantear el abordaje de las políticas sanitarias, dejando de lado la responsabilidad individual. “Abre también la mirada a que hoy día tenemos que dejar de pensar que los problemas de alimentación son un problema de fuerza de voluntad […] y que hoy día tenemos que enfocarnos en pensar cómo generamos entornos y condiciones para que las decisiones que tomamos sean decisiones más alineadas con la buena alimentación y salud”, añadió Corvalán. 

Evolución regulatoria

Desde la pionera experiencia chilena, el entorno regulatorio de la región ha evolucionado hacia esquemas cada vez más exigentes e integrales. Andrea Graciano, especialista del Nodo de Etiquetado de Colansa, trazó la trayectoria de la norma en América Latina, destacando cómo el octógono negro de advertencia se consolidó como la herramienta gráfica más eficiente frente a opciones ambiguas o complejas. 

“Chile abre el camino demostrando que estas advertencias simples, sencillas, claras, obligatorias en el frente de los envases podían transformar los entornos alimentarios. Y la región no copia el modelo, sino que a lo largo de esta década atraviesa un proceso de aprendizaje regulatorio”, explicó Andrea Graciano. 

Graciano señaló que las actualizaciones más recientes —adoptadas por países como México, Argentina y Colombia— incorporaron recomendaciones clave del Modelo de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como advertencias sobre ingredientes que no deben ofrecerse a la infancia. 

“La evidencia ha mostrado que para el propósito de salud pública, de advertir sobre el contenido excesivo de nutrientes críticos, el mejor sistema es el sistema gráfico de octógonos negros. […] La región pasó de discutir si se etiquetaba o no a discutir cómo hacerlo de mejor manera”, puntualizó. 

La experiencia colombiana

Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz (Colombia), destacó el impacto sociocultural que han tenido las advertencias impresas y el aprendizaje acumulado entre países. «Lo lindo de lo que ha pasado en América Latina es un aprendizaje. Creo que cada país ha venido aprendiendo del siguiente. […] Se va imponiendo una narrativa muy interesante y es que tú oyes a las personas decir: ‘no, máximo le dije a mis hijos que un sello’», indicó. 

Asimismo, Piñeros valoró la efectividad de conectar la rotulación con instrumentos fiscales, como ocurre en Colombia con el impuesto a comestibles ultraprocesados, aunque advirtió sobre las respuestas de las corporaciones alimentarias.

“Los consumidores ya decimos: tenemos derecho a la información, tenemos derecho a saber qué pongo en el desayuno de mi hijo, qué pongo en la lonchera de mi hija”, concluyó. 

Ultraprocesamiento e interferencia de la industria

El panel coincidió en que el avance de las leyes de etiquetado ha impulsado la reformulación de productos por parte de las empresas alimentarias, pero también ha generado nuevos vacíos que deben ser cubiertos por la legislación. 

La presencia en el mercado de productos altamente procesados que evitan los sellos mediante el reemplazo de azúcares por edulcorantes artificiales plantea la necesidad de avanzar hacia sellos que adviertan directamente sobre el grado de ultraprocesamiento de los alimentos. 

Para sostener estos avances y evitar retrocesos normativos frente a la intensa interferencia corporativa, las especialistas recalcaron la importancia vital de mantener alianzas entre la investigación científica independiente, la sociedad civil organizada y las decisiones de política pública. 

“Para evitar que una política quede a la merced de las fluctuaciones de la dirigencia en el momento específico del tiempo, es necesaria la recolección de datos desde el primer momento. […] Esta interacción entre el mundo político con su voluntad de llevar adelante una idea y recurrir a la academia para que haga la evaluación tiene que estar diseñada desde el punto inicial”, sintetizó la doctora Nieves Valdés al cierre del encuentro.