El presidente de Argentina avanza en la derogación de la Ley de Alimentación Saludable, una norma consensuada luego de años de debate y aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional. La medida del Gobierno va en sintonía con los pedidos de las grandes empresas de ultraprocesados.

El gobierno de Argentina anunció que intentará derogar la Ley de Promoción de Alimentación Saludable (PAS), conocida popularmente como de «etiquetado frontal», que establece octógonos negros para los productos con excesos de azúcares, grasas y sodio. Más de 300 organizaciones científicas, sociales y dedicadas a la salud denunciaron el accionar del presidente Javier Milei, que está alineado con las grandes empresas de ultraprocesados.

La Ley Nacional 27.642 fue producto de un extenso debate político en Argentina, durante años, y luego de la presentación de 15 proyectos, se llegó al consenso con la aprobación del Congreso Nacional. En el año 2020, en la Cámara de Senadores fueron 64 votos a favor (solo tres en contra) y, en 2021, en Diputados se lograron 200 votos por la afirmativa (22 en contra).

Durante todo el debate hubo claros espacios antagónicos. Organizaciones sociales, ONG, sectores científicos y médicos impulsaron la implementación de sellos (octógonos negros) en los productos ultraprocesados. Del otro lado, solo los sectores con intereses económicos (la empresas productoras y comercializadoras) se expresaron en contra.

Desde su asunción, en diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei impulsó un ataque abierto e inédito –vía desfinanciamiento e incluso represión– a la universidad pública, el sistema científico, a la población jubiladas, a las personas con discapacidad y a los grupos enfermos con cáncer (les quitó remedios que eran entregados de forma gratuita). Y, en un medida sin antecedentes, redujo drásticamente el prepuesto al Hospital Garrahan, el principal centro médico de Argentina destinado a la infancia.

En ese contexto, en 2024, el gobierno implicó el primer golpe a la Ley de Alimentación Saludable. Mediante simples resoluciones burocráticas de la  Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) se amoldó la ley nacional al pedido de las grandes empresas de ultraprocesados: se estableció considerar solamente los excesos de nutrientes críticos agregados (sin considerar los que se encuentran de forma natural en el producto), por lo cual  productos que excedan los límites establecidos en la ley pueden no tener sellos de advertencia; dio permiso a que las marcas incorporen leyendas de información complementaria como “bajo en calorías” o “0% grasas” (estaba prohibido por la ley original); y exceptuó a las marcas de la aplicación de la leyenda “contiene edulcorantes, no recomendable en niños y niñas” (si es que su función no es la endulzar la bebida).

Pero la última semana de mayo de 2026 sobrevino el ataque directo a la Ley. Mediante su muy cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el que pesan denuncias de corrupción contundentes, anunció el envío al Congreso del proyecto para derogar la legislación vigente. Su único argumento es que el etiquetado con octógonos constituyen “un obstáculo al comercio y a la inversión”.

¿La salud o los negocios?

«Es necesario priorizar la salud pública por encima de los intereses comerciales. Entonces, derogar la ley implicaría un grave retroceso en materia sanitaria, en materia política y también en materia democrática. No hay ningún fundamento científico que avale la derogación», denunció Andrea Graciano, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (Calisa) de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La Cátedra es una de las 300 organizaciones médicas, científicas y sociales que firmaron un repudió explícito a la medida del gobierno de Milei. «Declaración de las organizaciones de la sociedad civil, científicas y académicas en defensa de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (PAS – Ley 27.642)», es el título del comunicado, donde se resalta: «Repudiamos firmemente el proyecto de derogación enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional e instamos a votar en contra del proyecto presentado».

Describe que la Ley tiene como objetivos garantizar el derecho a la salud, a la alimentación adecuada e información de toda la población y promover la prevención de la malnutrición y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles. «La Ley PAS promueve la autonomía de la población, ya que brinda datos sobre nutrientes críticos en forma rápida, accesible y clara, lo que permite la toma de decisiones informadas. Fomenta, a su vez, mercados más justos, no engañosos para la población consumidora y determina la aplicación de un etiquetado que no actúa como barrera al comercio», afirma.

Remarca que la Ley fue votada por amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso de la Nación luego de un proceso político que incluyó el desarrollo de múltiples sesiones informativas donde academia, sociedad civil e industria de alimentos discutieron los diferentes aspectos de la normativa. «La Ley PAS es el producto de un debate plural, democrático y amplio, que convocó a todos los grupos involucrados. Es una norma que incorpora los mejores estándares y contempla no solo el etiquetado frontal de alimentos, elemento fundamental, sino que también regula la publicidad de estos productos y promueve entornos escolares y compras públicas saludables«, destaca.

Una ley para prevenir enfermedades

El objetivo de la Ley 27.642 es “garantizar el derecho a la salud, a la alimentación adecuada e información de toda la población y promover la prevención de la malnutrición y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles”. Tiene una mirada centrada en la salud.

La normativa retoma las recomendaciones internacionales sobre etiquetado frontal y su relación con las Enfermedades Crónicas No Trasmisibles (ECNT) –como las cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer–, que son la principal causa de muerte en América Latina y que, en Argentina, provocan 140 mil muertes al año, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estas enfermedades están estrechamente vinculadas a dietas poco saludables y al consumo elevado de productos ultraprocesados.

Andrea Graciano, que además de integrar la Cátedra de la UBA es nutricionista, destacó que en Argentina las enfermedades no transmisibles son la principal causa de enfermedad y muerte. Precisó que al analizar el estado nutricional, distintas encuestas poblacionales dan cuenta de que si bien la malnutrición adopta múltiples formas, la forma más prevalente es la malnutrición por sobrepeso y obesidad. Y no tiene dudas de qué sector en beneficiario ante la derogación de la Ley: las grandes empresas nucleadas en la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y, en particular, las empresa lácteas (Danone, Arcor, Saputo, Mastellone, Milkaut y Nestlé, entre otras) , que lograron la eliminación de sellos con las resoluciones de la ANMAT. «El proyecto de derogación lo escribieron las empresas, el Gobierno escribe los mismos argumentos con los que la industria se opuso desde siempre a la ley», denunció.

Según datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, el sobrepeso y la obesidad afectan al 13% de niños y niñas menores de 5 años, al 41% de niños niñas adolescentes (entre 5 y 17 años), y al 70% de mayores de 18 años.

En el posicionamiento de las 300 entidades médicas, científicas y sociales se resalta que, a poco tiempo de implementación de la Ley, investigaciones realizadas por UNICEF y la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) dieron cuenta de una disminución significativa en la percepción de saludable de productos con sellos, y en la intención de compra de productos como yogur, cereales de desayuno, y jugos luego de la sanción de la norma.

«Ante el intento de derogación de la ley, solicitamos que se priorice la evidencia científica que avala la efectividad de los sistemas de etiquetado frontal de alimentos y la implementación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable.

Desde una perspectiva sanitaria, no existen argumentos que puedan justificar la modificación de la norma existente y menos aún su derogación», alertaron y reafirmaron: «Instamos a los legisladores del Congreso de la Nación a proteger el derecho a la salud y alimentación mediante la defensa de la Ley PAS».

El estándar que el gobierno nacional busca vetar con la derogación está basado en un desarrollo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El “perfil de nutrientes” de la OPS contempla la relación a la ingesta diaria de nutrientes críticos —azúcar, sodio, grasas—, a partir de múltiples investigaciones sobre los niveles de ingesta que producen morbilidad por mala alimentación. A partir de ese perfil se define qué productos llevan el sello octogonal negro sobre “exceso” en uno o más nutrientes críticos.