El pasado 13 de octubre, la iniciativa de Ley 5504 («Ley de Promoción de Alimentación Saludable»), presentada originalmente en 2018 y que ya contaba con aprobación en primera y segunda lectura, fue retirada del orden del día en el Congreso de Guatemala justo cuando se disponía a ser discutida en su tercer y definitivo debate.

La propuesta busca implementar sellos octogonales de advertencia nutricional en el frente de los empaques de alimentos procesados y ultraprocesados para alertar a la población sobre excesos de nutrientes críticos como azúcares, sodio y grasas saturadas. También regular la publicidad y promoción de ultraprocesados y promover campañas de información alimentaria 

La sombra de la interferencia

Según denunciaron organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Alianza por los Sistemas Alimentarios Saludables de Guatemala y la red Guatemala Saludable, la decisión del hemiciclo se dio inmediatamente después de que la Embajada de Estados Unidos en Guatemala difundiera un comunicado sobre una encuesta en contra de la iniciativa.

El comunicado de la representación diplomática extranjera expresaba su «preocupación» por el proyecto de laye, sosteniendo que la exigencia de un etiquetado exclusivo para Guatemala encarecería la canasta básica familiar y crearía barreras al comercio regional. 

A este argumento se sumaron gremios del sector privado como la Gremial de Alimentos y Bebidas (Gremab), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). De acuerdo a su representante, Juan Pablo Mancilla, la medida obligaría a rediseñar empaques de manera diferenciada para cada país de la región, afectando especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

De su lado, el diputado ponente de la iniciativa y coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre, Jairo Flores, desmintió estas aseveraciones, calificando la iniciativa como una norma informativa que busca dar herramientas a la ciudadanía sin imponer tasas ni prohibiciones.

«Afirmar que el cambio en el etiquetado incrementará los costos de los alimentos industrializados y de la canasta básica no es válido. Las empresas modifican periódicamente sus etiquetas por razones comerciales, promocionales y festividades sin que ello implique aumentos significativos en los precios», señaló la Alianza por los Sistemas Alimentarios Saludables de Guatemala en un comunicado.

Mitos ante evidencia

Sandra Juárez Aguirre, representante de Guatemala Saludable en la plataforma Coalición América Saludable (CLAS), detalló el impacto y la importancia de esta medida en una entrevista con Saludable Saberlo y sostuvo que la iniciativa no ha muerto. 

Apunto que el retiro del proyecto de ley «obviamente favorece a todos los intereses de la iniciativa privada, bajo un argumento de que un etiquetado frontal va a elevar la canasta básica, pero una Coca-Cola no es parte de una canasta básica», expresó.

Pese a los obstáculos en el recinto legislativo y los calendarios políticos, Juárez reitera el compromiso de la sociedad civil. «Retomar todo este tema es bien engorroso y muy tardado, pero aquí estamos, aquí seguimos y hasta que nos digan ‘mire, ya no’, no vamos a dejar de seguir trabajando en ello», apuntó.

Las organizaciones recuerdan que la iniciativa no es un experimento aislado. Ocho países de América Latina ya han implementado con éxito sistemas de etiquetado frontal de advertencia sustentados en sólida evidencia científica para combatir la epidemia de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, cánceres y  diabetes, cuyas causas principales es el consumo excesivo de sal, grasas saturadas y azúcares presentes de manera abundante en los ultraprocesados.

Según datos del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), Guatemala enfrenta una grave doble carga de malnutrición: registra uno de los índices más altos de desnutrición crónica infantil en la región, mientras sus tasas de obesidad, hipertensión arterial y diabetes en adultos continúan en constante aumento. 

El etiquetado frontal de advertencia, así como las demás medidas establecidades en la iniciativa de Ley 5504, incidirían en la disminución de esta dolencias, que provocan millones de muertes al año en la región y afectan la economía, ante la carga presupuestal en atención médica y el aumento de discapacidades por enfermedades prevenibles en la población económicamente activa.

Tras dejar relegada la propuesta en el último lugar del orden del día, las organizaciones sociales han cuestionado la falta de transparencia parlamentaria y exigen que la Junta Directiva y los jefes de bloque del Congreso expliquen los motivos del retiro del proyecto y fijen una fecha exacta para retomar la discusión en tercer debate.