El 17 de abril de 1996, en el estado amazónico de Pará (Brasil), el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) bloqueó una ruta en reclamo de la reforma agraria. La policía intervino y asesinó a 21 campesinos e hirió a 69. La organización denunció que la represión estuvo orquestada por autoridades políticas, la policía, el ejército y grandes terratenientes. Desde entonces la organización internacional Vía Campesina conmemora cada 17 de abril como el Día Internacional de la Lucha Campesina. Este año se cumplen 30 años de la matanza.

Un sector imprescindible

La agricultura campesina produce el 80% de los alimentos del mundo, según reconoce la propia FAO (Organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). Y el 90% de la población agricultora del mundo es campesina e indígena, pero tiene sólo el 25% de la tierra. 

Un grave problema que enfrentan es, justamente, la concentración de tierras en pocas manos. Según la investigación Hambrientos de Tierra, de la organización internacional GRAIN, las fincas del campesinado tienen sólo 2,2 hectáreas (en promedio).

Para América Latina y el Caribe señala que las pequeñas chacras representan el 80% del total, pero solo cuenta con el 19% de la tierra cultivable. “Las fincas pequeñas están siendo marginadas a menos tierras”, explica la investigación.  Y detalla que en treinta países se dan las mayores inequidades, donde la población campesina representa más del 70% de las fincas y tienen menos del 10% de la tierra. De los treinta países más injustos, seis son de América: Chile, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos (UNDROP), aprobada en 2018 (luego de 17 años de negociaciones), reconoce la existencia de 1200 millones de personas en la ruralidad y, en sus 18 páginas, establece una serie de derechos imprescindibles a ser cumplidos: trabajo digno, acceso a la tierra, soberanía alimentaria y las semillas como un patrimonio de los pueblos (y no de las empresas).

«La agricultura familiar produce alimentos de todo tipo, tanto vegetales como animales, en tierras agrícolas, bosques, montañas y piscifactorías. Sus productos son sanos y variados, generan ocupación agrícola y son una fuente de crecimiento para las economías rurales, conservan y recuperan la biodiversidad y los ecosistemas. Además, la agricultura familiar utiliza métodos de producción que pueden ayudar a reducir o evitar los riesgos del cambio climático», afirmó el organismo de Naciones Unidas en el marco del «deceño de la agricultura familiar (2019-2028)».

Tierra, semillas y soberanía

La Vía Campesina es la mayor organización rural. Fundada en 1993, es un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos y campesinas, trabajadores y trabajadoras sin tierra, indígenas, personas que se dedican al pastoreo o a la pesca, migrantes que trabajan la tierra, productores y productoras a pequeña y mediana escala, mujeres rurales y jóvenes que viven en el campo de todo el mundo. Reúne a 180 organizaciones de 81 países de África, Asia, Europa, América. En total, representa a más de 200 millones de personas que producen alimentos.

Tres de sus pilares son: soberanía alimentaria, semillas y tierras (reforma agraria).

– La soberanía alimentaria

Es el derecho de los pueblos a cultivar alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos mediante métodos ecológicamente respetuosos y sostenibles, y su derecho a definir sus sistemas alimentarios y agrícolas. La Vía Campesina insiste en que los modos de producción agroecológicos diversos, impulsados por el campesinado, basados en siglos de experiencia y evidencia acumulada.  Entiende que estos son fundamentales para garantizar una alimentación saludable para todas las personas sin dejar de estar en armonía con la naturaleza. 

Para lograr la soberanía alimentaria, el movimiento campesino se moviliza y aboga por la reforma agraria en territorios campesinos y brinda capacitación en métodos de producción agroecológicos.

– Semillas

Quien controla las semillas controla la alimentación. Se trata del primer eslabón de lo que luego llevaremos a nuestros platos. La investigadora uruguaya Silvia Ribeiro denuncia que cuatro empresas controlan los cultivos transgénicos sembrados a nivel mundial: Bayer (dueña de Monsanto), Corteva (fusión de DuPont-Pioneer y Dow), Syngenta (propiedad de Sinochem Holding) y BASF. Juntas dominan la mitad del mercado mundial de semillas comerciales y dos tercios del de agrotóxicos. 

Durante milenios, la población campesina e indígena cultivó, sembró, intercambió y mejoró las semillas. Esa biodiversidad está en riesgo por el avance de leyes de semillas impulsadas por las grandes compañías que buscan privatizar ese bien tan imprescindible para la vida. Por contraposición, desde las organizaciones campesinas afirman que las semillas no pueden ser propiedad privada y, al contrario, deben ser «patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad».

– Reforma agraria

Las organizaciones campesinas plantean la necesidad imperiosa de, por un lado, asegurar la tenencia de la tierra que ya poseen (muchas veces asediadas por actividades extractivas) y, por otro, acceder a tierras aptas y suficientes para poder desarrollar sus cultivos y vidas. Se suele hablar de “reforma agraria integral”, que incluye la distribución de tierras, pero también el crédito, la maquinaria, las semillas, el conocimiento y la formación.

 «La reforma agraria, integral y popular consiste en democratizar la tierra garantizando el derecho de quienes la trabajan, facilitar mecanismos de acceso a la tierra para todas las familias, garantizar el reconocimiento y restitución de territorios de los pueblos indígenas, expropiar todas las tierras que no cumplen su función social y la restructuración de la producción agrícola», explica la Coordinadora Latinoamericana del Campo (CLOC-Vía Campesina).

Foto de portada: Natalia Roca Minga. Fotos libres para la soberanía alimentaria y el buen vivir.