El modelo alimentario hegemónico provoca consecuencias en la salud, destruye el planeta y no provee de una nutrición adecuada. Y los sectores beneficiados, un puñado de grandes corporaciones, no se hacen responsable de los impactos. Ante ese contexto, cinco especialistas en la materia abordaron ejes para modificar el rumbo, incentivar otro modelo y coincidieron: es necesario una nueva teoría y práctica del Derecho, con normativas más amplias y que se cumplan, para una mejor alimentación.

«Pandemia de obesidad y hambre»

 

«Construyendo los pilares del nuevo derecho alimentario», fue el título del webinario que convocó a reconocidos investigadores del sistema alimentario de cuatro países. Jaime Delgado Zegarra (Perú) es presidente de Asociación Vida, Salud y Ambiente y ex congresista, autor de la «Ley de Alimentación Saludable». Abrió con una reflexión del contexto latinoamericano: «Vivimos una pandemia de obesidad y hambre. Son consecuencias de un sistema alimentario que ha fracasado».

Precisó que el sobrepeso y las enfermedades crónicas «se llevan la vida de la gente» y, en el otro extremo, la anemia, la desnutrición y el hambre no solo siguen presente sino que también aumentan.

Señaló que, entre los aspectos a tratar, es necesario intervenir en los entornos obesogénicos, en la influencia negativa de la publicidad y en la forma en cómo se comercializan y producen los alimentos.

«Es imprescindible garantizar la salud del ser humano. Con reglas claras que estén en torno a proteger su salud y su vida», propuso. Y explicó que la teoría y la práctica del Derecho no lo había contemplado de forma clara, sino que solo había llegado hasta la protección del consumidor, pero de manera muy genérica.

Destacó la necesidad de una nueva rama del Derecho,con una nueva forma de concebir y de regular las relaciones ante el modelo alimentario, que contemple al ser humano en todas sus dimensiones y no solo como consumidor.

«Una dieta neoliberal baja en calidad»

 

Alain Santandreu (Uruguay-Perú) es presidente ejecutivo del Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo. Apuntó a dos actores protagónicos del actual modelo: «Los sistemas políticos entregaron la alimentación al sector privado. Lo que generó un conjunto de problemas a nivel global». Y destacó que las grandes empresas uniformizan en todo el mundo los productos alimenticios ultraprocesados e imponen «una dieta neoliberal, rica en carbohidratos y baja en calidad nutricional».

Llamó la atención sobre una sociedad civil que «no siempre cuestiona ni participa como debiera» e instó a fortalecer el Derecho alimentario, pero enfocado en un marco de derechos humanos y no solo como un Derecho de corte liberal antropocéntrico (pensado únicamente en las personas).

Propuso que sea una nueva disciplina pero también en el marco de la defensa y la consolidación de los derechos de las personas y también de los derechos de la naturaleza. 

«Saludable, suficiente, justa y culturalmente adecuada»

 

Igor Rodríguez Britto (Brasil) es director del Instituto de Defensa del Consumidor (IDEC). Precisó la importancia del tema de debate: «La alimentación es el corazón de la dignidad humana. No es solo un fenómeno biológico, es también social, cultural y económico». Y afirmó que, dado su carácter vital y complejidad, necesita una normatividad y abordaje específicos que vayan a contramano de un modelo que impuso la normalización de los productos ultraprocesados.

Destacó que un nuevo enfoque del derecho a la alimentación debe abordar los riesgos de la inseguridad alimentaria, donde estén presentes todos los eslabones de la cadena de producción y consumo, que impactan de forma directa en la salud. Celebró que en muchos países de la región existan reglas sobre etiquetados de ultraprocesados, pero afirmó que no alcanzan, porque son ámbitos fragmentados y limitados. También precisó que las leyes actúan cuando el daño ya ocurrió. Y hay que trabajar en la prevención.

«Tenemos que generar leyes y prácticas que garanticen activamente el acceso, la calidad, la sostenibilidad de la buena alimentación, que incluya la adecuación cultural y nutricional de todo lo que comemos. Y el derecho tiene que acompañar ese camino», propuso. Y resumió: «La alimentación debe ser saludable, suficiente, justa y culturalmente adecuada».

«Hay una crisis de gobernanza alimentaria»

 

Ricardo Morishita Wada (Brasil) es director de la Secretaría de Protección del Consumidor. Aseguró que el sistema actual prioriza la eficiencia y el volumen en detrimento de la equidad y la salud. Y le sumó el impacto ambiental que produce, la destrucción de los bienes naturales. «Todo eso implica un problema de justicia», definió.

Entre los factores determinantes destacó la concentración de poder en las cadenas globales de suministro, las corporaciones que dominan el mercado agroalimentario. Junto con los Estados han impulsado un sistema con amplias consecuencias y que han llevado a lo que definió como «una crisis de gobernanza alimentaria».

Como respuesta, llamó a construir una «gramática jurídica, un nuevo horizonte», que garantice el derechos la personas en un marco de salud pública, sostenibilidad ambiental, comercio justo y soberanía alimentaria.

«Los alimentos no pueden estar en la lógica del libre mercado»

 

Ezequiel Mendieta (Argentina) es abogado por la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho del Consumidor y Economía. «Todos sabemos que los ultraprocesados enferman a las personas. La obesidad, como una enfermedad claramente vinculado a esos productos, es un ejemplo. Y aún así vemos como esos productos son promocionados en la televisión y el redes sociales», cuestionó.

En el otro extremo, recordó que América Latina tiene grandes franjas de población que no llegan a cubrir las necesidades alimentarias básicas. «Esta doble problemática nos pone a los juristas ante un callejón sin salida, el cual nos lleva a repensar los sistemas jurídicos. A los fines de que no se trata de una cuestión desde el punto de vista individual y ni siquiera solo de derecho público-privado», advirtió.

Propuso que el Derecho tenga un enfoque desde las necesidades que tienen las personas y que tomen la alimentación como un bien común y no de mercado. «Al tratarse de un bien indispensable para la supervivencia, los alimentos no son una mercancía más, no pueden estar librados a la lógica del libre comercio», afirmó. E hizo hincapié en la primera infancia, donde «la nutrición es determinante para el resto de la vida». 

Destacó que en los países de la región se avanzó mucho, sobre todo en los últimos quince años, pero llamó a dar un paso más, que haga eje en los alimentos frescos, producidos en cercanía de donde se consumen, y que mejoran la nutrición de las personas. «El ordenamiento jurídico actual no da respuestas a esto», aseguró. Y se sumó a los disertantes que llamaron a construir el nuevo Derecho alimentario.