La ley 564, que establece medidas regulatorias sobre ácidos grasos trans de producción industrial, ya es oficial en Panamá, luego de su publicación en la Gaceta Oficial el pasado 9 de noviembre de este año 2026. 

La normativa fue impulsada por el diputado Crispiano Adames Navarro y apoyada durante más de dos años por diversas organizaciones civiles y de gobierno, encabezadas por el Movimiento de Alimentación Saludable, la Alianza Panamá por la Salud, el Ministerio de Salud de Panamá (MINSA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Coalición América Saludable (CLAS). 

Este hito se logra luego de su aprobación en un tercer debate por la Asamblea Nacional de Panamá, el 25 de agosto 2026, después de conocer las objeciones planteadas por el Poder Ejecutivo panameño al proyecto legislativo, que había sido aprobado en marzo de este año.

La nueva ley, publicada en la Gaceta Oficial 30649 B, implica un hito en la salud pública de Panamá, pues la evidencia científica ha comprobado que el consumo de estas grasas aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, muerte súbita de origen cardíaco y diabetes, por lo que la aplicación de esta ley es una medida clave para prevenir enfermedades y salvar vidas.

La normativa fija un límite máximo del 2 % respecto del contenido total de grasas, prohíbe los aceites parcialmente hidrogenados y establece un periodo de adaptación de 36 meses para la industria alimentaria. También contempla sanciones de hasta 250.000 balboas (250 mil dólares) para quienes incumplan sus disposiciones.

El cronograma progresivo para permitir la adaptación de los procesos productos y la reformulación de alimentos se dividirá en tres etapas. Una primera de 12 meses, para ajustar ingredientes y materias primas al límite máximo de 2 % de las grasas trans industriales. Una segunda de 6 meses con el fin de adecuar los productos al límite establecido y una tercera, y última, de 18 meses, para eliminar los aceites y grasas parcialmente hidrogenados de la industria alimentaria.