El agua es un derecho humano. Sin embargo, Naciones Unidas denuncia que 2 100 millones de personas viven sin acceso a agua potable.

Un relevamiento de Saludable Saberlo en las capitales de once países da cuenta de la disputas por el agua, con diversos intentos de privatización e, incluso, en algunas ciudades –aunque se publicita como «potable»– el agua no es apta para consumo humano. La ONU alerta: «La humanidad no solo ha gastado el ingreso anual de agua de ríos y lluvias, sino que ha vaciado los ahorros milenarios guardados en glaciares, humedales y acuíferos».

Cono Sur

Brasilia, Buenos Aires, Asunción, La Paz y Montevideo cuenta con empresas estatales de suministro de agua potable. Santiago de Chile es la única capital nacional de Cono Sur que entregó ese servicio a una empresa privada: Veolia Environnement, de capitales franceses.

Es casi una regla establecida en la historia reciente que los gobiernos neoliberales, conservadores y/o de derecha avanzan en la privatización de todo lo público. En estos momentos, tanto Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y Javier Milei (Argentina) han manifestado intenciones de dar luz verde a la privatización de distintos sectores que están en manos estatales, entre ellos el servicio de agua.

Al mismo tiempo, es una norma que los gobiernos progresistas y/o de izquierda no impulsan privatizaciones de servicios públicos (agua, electricidad, gas). Aunque también es cierto que, cuando llegan al poder, no suelen modificar las privatizaciones vigentes. Una excepción fue el gobierno de Néstor Kirchner en Argentina, que en 2006 le quitó la concesión a la compañía francesa Suez y recuperó el servicio de agua y cloacas del área metropolitana de Buenos Aires (once millones de personas) y creó la empresa estatal AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos).

Justamente la empresa Suez es parte de Aguas Andinas (en un entramado de nombres jurídicos donde aparece Aguas de Barcelona y Veolia Environnement), la empresa que maneja el agua de Santiago de Chile. Patricia Valdivia, periodista y activista de ese país, explicó que durante el gobierno de Gabriel Boric (que finalizó su mandato el 11 de marzo de 2026) no se avanzó en la estatización. El precio promedio que se paga, por mes, es de 15 dólares. Y las denuncias a la empresa de capitales franceses están a la orden del día, desde mal olor y turbiedad, hasta excesivas ganancias.

Cifra similar, de 15 dólares, son las que se pagan en La Paz, la ciudad más poblada de Bolivia y donde el servicio lo maneja la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), de gestión estatal. Sebastián Ochoa, con larga experiencia junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y corresponsal de medios internacionales, aclara que el servicio no llega a toda la población, sobre todo a los barrios más pobres.

Bolivia tiene una marca histórica referida a la lucha por el recurso vital. Está grabada en la memoria popular como «la guerra del agua»: en septiembre de 1999, el presidente electo y ex dictador Hugo Banzer firmó un acuerdo impulsado por el Banco Mundial con la multinacional Bechtel. El servicio de agua de la ciudad de Cochabamba pasaba a manos privadas. La titular del contrato era Aguas del Tunari, un consorcio integrado por empresas multinacionales y locales. En diciembre de 1999 la empresa decidió subir las tarifas hasta un 350 por ciento. Ese hecho, sumado a la preocupación de los campesinos que veían amenazada la disponibilidad del agua para riego (la concesión abría la posibilidad incluso para el cobro de un canon a quienes recolectaran agua de lluvia) generó protestas y enfrentamientos que en abril de 2000 llegaron a su punto más elevado.

Las organizaciones y habitantes nucleados en la Coordinadora del Agua lograron frenar la privatización. Después de tres meses de lucha, más de 150 heridos y el asesinato de Víctor Hugo Daza (un manifestante de 17 años muerto por la policía), el gobierno tuvo que dar marcha atrás y la empresa Aguas del Tunari se retiró. El suceso quedó también registrado en la película «También la lluvia», de Gael García Bernal.

Uruguay también tiene una larga tradición en defensa comunitaria del bien común. En 2004, en el marco de una reforma constitucional, se llamó a plebiscito por el agua, y más del 60% de la gente votó que el agua potable solo puede ser gestionada por instituciones estatales, no se puede privatizar.

«El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales», señala el texto modificado. El Artículo 47 de la Constitución (en la sección «Derechos, deberes y garantías») establece además que los criterios de gestión de los recursos hídricos (que deberá ser pública) deberán estar basados en la participación ciudadana y la sustentabilidad. Hubo un gran protagonismo de organizaciones sociales nucleadas en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV).

La empresa estatal se llama Obras Sanitarias del Estado (OSE), una factura promedio en Montevideo ronda los 20 dólares mensuales y en 2023 enfrentó la peor crisis hídrica en cuatro décadas. Llegó a tal extremo que el gobierno autorizó aumentar la salinidad del agua «potable». Desde organizaciones socioabientales se denunció a la mala planificación territorial, gestión irresponsable y falta de previsión.

En Asunción está la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), de gestión estatal. Provee el servicio a la ciudad más poblada del país (casi 500 mil personas), el precio promedio mensual ronda los 15 dólares y acumula denuncias por mal servicio y falta de obras en la red de distribución.

De Ecuador a México, de Venezuela a Costa Rica

En la Ciudad de Guatemala el suministro de agua se distribuye principalmente en tres modalidades: la empresa municipal de agua (Empagua), que llega al 50% de los hogares; la compañía privada Agua Mariscal, que atiende cerca del 20–25% de la población; y el resto se provee con pozos propios. 

Un dato importante: el agua del grifo no se puede tomar. El 95% del agua en Guatemala es peligrosa para beber. Esto debido a la falta de infraestructura, la contaminación, el crecimiento de la población, la falta de financiación de parte del gobierno y la ausencia de saneamiento.

En la Ciudad de Guatemala los conflictos por el agua se han intensificado en los últimos años debido a la contaminación de ríos, el desabastecimiento crónico y la falta de una ley nacional de aguas. Aunque el país tiene abundancia hídrica, más del 95% de los ríos están contaminados, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Por su parte, en Santo Domingo (República Dominicana) no se puede tomar agua de llave/grifo (sale potable, pero el sistema de alcantarillado la contamina en el camino, lleva décadas sin renovación). Quien provee el servicio es el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA). República Dominicana ha tenido diversos intentos de privatización del servicio. El último fue de la empresa israelí Mekorot y se detuvo por presiones y denuncia de la sociedad civil apelando al agua como derecho.

En San José, capital de Costa Rica, se puede tomar el agua de grifo, aunque también se reiteraron los casos de contaminación por agroquímicos en diversos lugares del país. El servicio es brindado por el Instituto Contarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), que publicita que el 94% del país ya cuanta con agua potable, con un cargo promedio de seis dólares al mes.

En Quito (Ecuador) la administración del agua es 100% pública y es apta para consumo humano. La entidad encargada es la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), conocida comercialmente como «Agua de Quito», que depende de la Alcaldía de Quito.

Entre 2024 y 2025 la ciudad ha enfrentado crisis de abastecimiento en sectores como el sur de Quito debido a sequías extremas y problemas en plantas de distribución. También ha habido fuertes debates políticos por propuestas de ajuste de tarifas y el cobro de la tasa de recolección de basura a través de la planilla de agua (que empezó en 2026).

No hubo intentos formales de privatización en los últimos años, principalmente porque el acceso al agua es un derecho constitucional en Ecuador y se prohíbe su privatización. Sin embargo: décadas atrás sí hubo propuestas para concesionar la gestión de ciertas áreas o servicios a empresas privadas, lo que generó fuertes protestas de movimientos sociales y ambientalistas. En la actualidad, el discurso político siempre recalca el carácter público de la empresa, aunque los detractores de las actuales gestiones suelen denunciar que la falta de inversión pública podría abrir la puerta a modelos de gestión mixta.

En Caracas (capital de Venezuela) el servicio de agua lo brinda Hidrocapital, propiedad del Estado (a nivel nacional de llama Hidroven). No se recomienda tomar agua de llave, por lo cual –en general– las familias compran agua embotellada o instalan filtros en los grifos. Según las regiones, se reiteran las fallas de servicio y se contratan camiones cisternas para llenar los tanques domiciliarios.

En la Ciudad de México el servicio de agua potable es brindado por Sacmex (Sistema de Aguas de la Ciudad de México), que trabaja junto con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Emmanuel González Ortega, especialista en biotecnología y biología molecular, afirma que en la capital del país hay «muchos problemas en el acceso al agua». Lo consideró paradójico, ya que es bien conocido que la ciudad (desde incluso antes de la invasión española) se construyó sobre un lago (llamado Texcoco).

Señala que hubo diversos intentos de privatización, pero no prosperaron, en parte por el fuerte rechazo comunitario. El precio está subvencionado y, en su caso, paga 13 dólares bimestrales.

Una referencia en el tema es la Asamblea por el Agua y la Vida, que reúne a organizaciones y activistas de distintas partes del país. Algunos datos que precisan y que son parte de las campañas de difusión y activismo:

• El 24% de los hogares en México no tienen agua todos los días.
• Las empresas de productos ultraprocesados extraen 133 mil millones de litros de agua al año.
• Las empresas que mayor consumo son Coca-Cola (extrae más de 55 mil millones de litros de agua al año), Pepsi (32 mil millones), Heineken (21 mil millones), Danone (15 mil millones de litros de agua al año).

La carencia de agua potable en muchos lugares de México la resumen con una frase que puede extenderse a otros países del continente: «No es sequía, es saqueo».