El 35% de productos incumplen con el límite legal de grasas trans en México

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Hallazgos del análisis, presentado por Salud Justa y el Instituto Nacional de Salud Pública de México, muestran que los niveles reales de AGT superan lo declarado en las etiquetas, incluyendo la leche de fórmula, lo que representa un riesgo directo para la salud de la población.

Ciudad de México. En conferencia de prensa el pasado 3 de diciembre, especialistas y representes de la sociedad civil presentaron los resultados del análisis de valoración sobre el contenido de grasas trans en productos de alto consumo, el cual reveló que el 35 % de los productos analizados incumplen con el límite legal de Ácidos Grasos Trans (AGT) establecido en el artículo 216 Bis de la Ley General de Salud.

Los hallazgos muestran que, en muchos casos, los niveles reales de AGT superan lo declarado en las etiquetas, lo que representa un riesgo directo para la salud de la población, particularmente en enfermedades cardiovasculares.

La reforma legal de marzo de 2023 prohíbe el uso de aceites parcialmente hidrogenados y limita a un máximo de 2 g de AGT por cada 100 g de grasa total, alineándose con los estándares de la OPS/OMS.

Al respecto, Claudia Moreno, de Salud Justa Mx, dijo que “México ya dio el paso correcto al adoptar el estándar de la OPS/OMS en el artículo 216 Bis de la Ley General de Salud, que prohíbe los aceites parcialmente hidrogenados y establece un límite no mayor de 2 gramos de grasas trans industriales por cada 100 gramos de grasa total. Este logro legislativo unánime debe cuidarse».

La doctora Claudia Ivonne Ramírez Silva (izq.), del Instituto Nacional de Salud Pública, junto a Claudia Moreno Torres (der.), de Salud Justa Mx.

Agregó que «lo que sigue no es reescribir la ley, sino hacerla cumplir: lineamientos claros, verificación priorizada y transparencia en los resultados». 

«Nuestro monitoreo evidencia que persisten productos por encima del límite legal y que hay inconsistencias entre el etiquetado y el contenido real. La vigilancia sanitaria no puede esperar más. Proteger la salud pública requiere implementar plenamente esta política con base en evidencia científica.”

Fortalecer la vigilancia

Las doctoras Isabel Grijalva y Amparo Nieblas del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. hablaron sobre las consideraciones técnicas y metodológicas para medir los AGT en muestras procesadas del análisis.

“El consumo regular de AGT incrementa el nivel de lipoproteína LDL Colesterol aumentando el riesgo de enfermedades coronarias y mortalidad. OMS recomienda un consumo de menos 1 % del total de energía, prioritario la eliminación AGT de origen industrial en el suministro de alimentos”.

En tanto, la doctora Ivonne Ramírez Silva, del Instituto Nacional de Salud Pública, señaló que “los resultados del estudio sobre ácidos grasos trans (AGT) en alimentos mexicanos evidencian importantes brechas en el cumplimiento de la regulación sobre AGT en México».

Apuntó que en, varios productos, los niveles reales superaron lo declarado en la etiqueta y el 35 % incumple el límite máximo establecido por la Ley General de Salud, y puso como ejemplo la leche de fórmula.  

«Estos hallazgos destacan la imperativa necesidad de fortalecer la vigilancia y garantizar que los alimentos mexicanos cumplan con los estándares en nutrimentos requeridos para proteger la salud de la población”.

Un problema de derechos humanos

De su lado, el doctor Fernando Carlos Terreros Calle, Universidad Santiago de Cali – ODA ALC enfatizó el daño social que esta violación implica, negando una vida más saludable a las poblaciones, lo que afecta sus derechos humanos. 

“La presencia elevada de grasas saturadas y trans en productos industrializados no es solo un desafío nutricional: es un problema de derechos humanos, porque afecta directamente la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes crezcan con salud, bienestar y dignidad», expresó al participar en la presentación del análisis.

Agregó, finalmentel, que «garantizar este derecho requiere decisiones valientes: regulación, vigilancia, educación y un compromiso estatal que priorice la salud pública sobre intereses comerciales. Esa es la ruta para que el derecho a la alimentación saludable sea una realidad para todas las generaciones”.

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