Un llamado para que las leyes se cumplan y los derechos se ejerzan…

Brasil cuenta con una completa ley respecto a la educación alimentaria en las escuelas. Fue promulgada en 2009, pero no se cumple. Los responsables: gobiernos (en sus distintos niveles), empresas de ultraprocesados y corporaciones del agronegocio. Para visibilizar la situación y exigir el cumplimiento, organizaciones sociales y ONG iniciaron una campaña para que el derecho a la alimentación sana en la educación sea efectivo y no solo una ley con letra decorativa.

La Educación en Alimentación y Nutrición (EAN) está garantizada en Brasil por las leyes 11.947/2009 y 13.666/2018. Estas leyes establecen directrices para promover hábitos alimentarios saludables en las escuelas e incluyen la formación continua del profesorado, la incorporación de contenidos en los planes de estudio y la articulación con políticas de seguridad alimentaria. También suma la participación de la comunidad educativa (familias y estudiantes) y tiene como destinatarios directos a todos los niños, niñas y adolescentes de la educación básica: millones de estudiantes en escuelas públicas (y, según la regulación local, también podría incluir escuelas privadas).

«Brasil ya no figura en el mapa del hambre. Para asegurar que nunca regrese, la clave es la Educación Alimentaria en las escuelas», afirma la convocatoria del Instituto de Alimentación y Cultura (ICC), en colaboración con Greenpeace, IDEC (Instituto para la Protección del Consumidor), el Instituto Hambre Cero y ACT Health Promotion. La iniciativa invita a la sociedad a firmar una petición en línea que exige la implementación efectiva de la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) en todas las escuelas del país.

«El incumplimiento involucra tanto a las autoridades nacionales, que no detallaron una reglamentación ni garantizaron financiamiento adecuado, como a los gobiernos estatales y municipales, encargados de ejecutar las acciones en las escuelas. La implementación de la ley depende de la colaboración entre el gobierno federal, que debe trazar directrices y asegurar apoyo financiero, y los estados y municipios, responsables de la ejecución», explica Ariela Doctors, co-fundadora y coordinadora general del Instituto de Comida y Cultura (ICC).

Según datos oficiales, más de la mitad de la población adulta de Brasil presenta sobrepeso y una de cada cuatro personas adultas vive con obesidad. Entre niños, niñas y adolescentes, la obesidad también aumenta; mientras que la desnutrición persiste especialmente en las poblaciones más vulnerables. Esta situación tiene directa relación con el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes e hipertensión. «Millones de niños y niñas aún carecen de acceso a la Educación Alimentaria. Hacer realidad la EAN es fundamental para asegurar que el país nunca vuelva a sufrir graves niveles de inseguridad alimentaria. La escuela es el espacio estratégico para formar generaciones conscientes, sanas y críticas», reafirma la petición online.

La campaña para el cumplimiento de la ley fue lanzada el 16 de octubre (Día Mundial de la Alimentación) y articula alianzas con organizaciones de la sociedad civil, universidades y consejos de alimentación y salud. «El fin es mantener el tema en la agenda política y asegurar que el derecho a la educación alimentaria y nutricional se haga efectivo», remarcan.

La educación alimentaria no se limita a informar sobre elecciones individuales, sino  a generar conciencia sobre el origen de los alimentos, sus impactos socioambientales y la importancia de modelos agrícolas que promuevan salud, soberanía alimentaria y sostenibilidad. 

De responsabilidades, modelos y futuros

La iniciativa busca movilizar a la sociedad civil y presionar al Ministerio de Educación (MEC) y al Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE) para que presenten un plan concreto para la implementación y regulación de la Educación en Alimentación y Nutrición en las escuelas de todo Brasil, de manera transversal, sistémica y permanente. Está clara la responsabilidad de los sectores de gobierno (en sus tres niveles), pero desde las organizaciones también remarcan otros factores de peso.

«Las corporaciones de alimentos ultraprocesados y del agronegocio desempeñan un papel central en la configuración del sistema alimentario brasileño, a menudo en conflicto con la promoción de una alimentación saludable. Empresas como Nestlé y Coca-Cola influyen en los hábitos de consumo, promueven productos ultraprocesados ricos en azúcares, sodio y grasas, contribuyen a la obesidad y a enfermedades crónicas», afirma Ariela Doctors, del Instituto de Comida y Cultura.

Además puntualiza que las empresas del agronegocio (de monocultivos, semillas transgénicas y uso intensivo de pesticidas –como Syngenta y Bayer–), y los representantes de la llamada bancada ruralista (legisladores que son grandes productores), también son actores que influencian en las políticas públicas y decisiones legislativas que priorizan intereses económicos por encima de la soberanía alimentaria, la biodiversidad y los derechos nutricionales de la población. «Esos sectores moldean los mercados, las regulaciones y los hábitos alimentarios, generan barreras para la implementación de políticas de EAN y la promoción de dietas saludables y sostenibles», afirma Doctors.

También destaca el rol de otros modelos de base agroecológica y de producción familiar: «promueven sistemas productivos diversos, que respetan los ciclos naturales y valoran la producción local, fortalecen la disponibilidad de alimentos más nutritivos y sostenibles».

Remarca que la educación alimentaria no se limita a informar sobre elecciones individuales, sino –y sobre todo– a generar conciencia sobre el origen de los alimentos, sus impactos socioambientales y la importancia de modelos agrícolas que promuevan salud, soberanía alimentaria y sostenibilidad. Y recuerda que, así cómo Brasil es una potencia en producción agroindustrial transgénica, también es pionero en experiencias campesinas de agroecología.

Alimentación, salud, modelos de producción en disputa, gobiernos, leyes, corporaciones, Poder Judicial y derechos. Son parte los actores y factores que entrar en juego en este tipo de campaña pública. Y, como señala la iniciativa, se trata del presente y del futuro: «Garantizar la educación nutricional en las escuelas significa formar generaciones más conscientes, sanas y críticas. Educar sobre alimentación es educar para la vida».