En la región de América Latina y El Caribe, millones de personas viven con enfermedades no transmisibles (ENT) como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, entre otras [1]. Todas estas enfermedades tienen una relación directa con un sistema alimentario capturado por el poder corporativo. La industria de alimentos y bebidas ultraprocesadas, ha logrado interferir en políticas públicas y normas regulatorias, además ha manipulado la evidencia científica, ha moldeado la narrativa de los riesgos a la salud, y ha penetrado el poder político con sus múltiples estrategias, incluso sí esto implica una violación sistémica a los derechos humanos como la salud, la alimentación saludable, el acceso al agua potable, y a la información [2].

Las estrategias de interferencia no son casuales, ni coincidencias, sino son parte de un plan bien estructurado, planificado y muchas veces repetitivo en los países de la región [3]. Ante ello, diversos Gobiernos acompañados de la sociedad civil, la academia y otros actores libres de conflicto de interés, han impulsado la implementación de políticas de salud pública como el etiquetado frontal de alimentos, la restricción de la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes (NNA), los impuestos a productos ultraprocesados, los entornos escolares saludables, la regulación de fórmulas comerciales infantiles, y los sistemas alimentarios justos y sostenibles [4]-, las corporaciones y todas sus entidades comerciales responden con una maquinaria de estrategias para hacer presión a los gobiernos y los organismos internacionales.

Las corporaciones de ultraprocesados y bebidas azucaradas suelen disfrazarse como “aliadas” de la salud pública, buscan que los gobiernos las vean como parte de la solución a la creciente epidemia de las ENT. Algunas estrategias que utilizan para lavar su imagen van desde la implementación de campañas de “educación nutricional”, promoción de la actividad física, financiamiento de programas escolares, y ferias de la salud [5]. Sin embargo, el objetivo de su “responsabilidad” corporativa es desviar la atención de los daños que producen sus productos, crear una imagen buena ante las consumidoras y los consumidores, y crear asociaciones con instancias gubernamentales [6].

De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el derecho a la alimentación es “el derecho a tener acceso regular, permanente y sin restricciones a la alimentación, ya sea directamente o a través de la compra, a un nivel suficiente y adecuado, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que el consumidor pertenece, y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, satisfactoria, digna y libre de temor[7]”. Cuando la población tiene un entorno que le oferta en su mayoría productos ultra-procesados, o cuando se está expuesto a publicidad predatoria, ese derecho está siendo vulnerado.

La interferencia corporativa tiene un alcance a la vulneración del derecho al agua potable. En diversos países se ha documentado que estas industrias capturan y explotan fuentes hídricas para la producción de envases plásticos, o para procesos industriales. El caso de Nestlé en Minas Gerais, Brasil [8], o Coca-Cola en Chiapas, México [9], o Coca-Cola en la Calera, Colombia [10], dejando a comunidades sin el acceso al líquido vital, causando no solo desabasto, sino sequía en zonas vulnerables.

Por otro lado, la industria ha vulnerado el derecho a la información, el derecho a la salud y el interés superior de la niñez. En países como Chile, México, Perú, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil, Costa Rica y Guatemala 4 [11] la industria ha interferido en los procesos del etiquetado frontal de alimentos mediante recursos legales, implementando etiquetados confusos, creando normas más laxas, manipulando la agenda mediática, y asociándose con actores gubernamentales para frenar o retrasar procesos.

Se debe reconocer a la interferencia corporativa como una forma estructural, sistémica, y agresora de vulneración de los derechos humanos. 

La interferencia corporativa se ha mostrado como una amenaza constante a los procesos de política pública en la región de América Latina y El Caribe, y ha buscado frenar cualquier intento de regulación, pese a que estas regulaciones provienen de organismos internacionales acompañadas de evidencia científica libre de conflicto de interés.

Frente a este panorama, es necesario que la sociedad civil, la academia, los grupos de activismo y periodistas denuncien la interferencia corporativa buscando mitigar los múltiples daños que esto conlleva. Los gobiernos tienen la obligación de velar por los derechos humanos, deben ser garantes de que la toma de decisiones sea siempre centrada en el interés público por encima de cualquier interés corporativo. La defensa de los derechos humanos no es un tema de negociación, ni de comercialización, sino una práctica ética y política.

[1] Pan American Health Organization. Leading causes of death and disease burden in the Americas: Noncommunicable diseases and external causes. Washington, D.C.: PAHO; 2024. Available from: https://doi. org/10.37774/9789275128626

[2] Payne, L. A., Bernal- Bermúdez, L., & Pereira, G. (eds.) (2024). Los actores económicos y los límites de la justicia transicional. Verdad y justicia por la complicidad empresarial en las violaciones a los derechos humanos. Available from: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2024/02/Los-actores-economicos_web.pdf

[3] Global Health Advocacy Incubator. Interferencia de la industria en políticas alimentarias, 2020. Available from: https://assets.advocacyincubator.org/uploads/2021/07/Policy-Brief-Industry-Interference-es.pdf.

[4] Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. La interferencia de la industria es nociva para la salud. Estrategias corporativas contra el etiquetado frontal de advertencia: un estudio comparado de Chile, Perú, México y Uruguay. 2020. Available from: https://colectivodeabogados.org/interferenciaetiquetado/imagenes/Interferencia_industria_etiquetado_latam_25sept.pdf

[5] Ojeda E, Torres C, Carriedo Á, Mialon M, Parekh N, Orozco E. The influence of the sugar-sweetened beverage industry on public policies in Mexico. Int J Public Health. 2020 Sep;65(7):1037-1044. doi: 10.1007/s00038-020-01414-2. Epub 2020 Jul 25. PMID: 32712688.

[6] Lacy-Nichols J, Williams O. «Part of the Solution»: Food Corporation Strategies for Regulatory Capture and Legitimacy. Int J Health Policy Manag. 2021 Dec 1;10(12):845-856. doi: 10.34172/ijhpm.2021.111. PMID: 34634883; PMCID: PMC9309978.

[7] Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights

[8] Vía Campesina. Mujeres ocupan Nestlé contra la privatización de las aguas en Brasil. (2018). https://viacampesina.org/es/mujeres-ocupan-nestle-contra-la-privatizacion-de-las-aguas-en-brasil/.

[9] The New York Times. En una ciudad con poca agua, la Coca-Cola y la diabetes se multiplican. (2018). https://www.nytimes.com/es/2018/07/16/espanol/america-latina/chiapas-coca-cola-diabetes-agua.html

[10] Infobae. Por concesión de agua a Coca-Cola en La Calera, la CAR convocó audiencia pública para definir su futuro. (2025). https://www.infobae.com/colombia/2025/04/16/por-concesion-de-agua-a-coca-cola-en-la-calera-la-car-convoco-audiencia-publica-para-definir-su-futuro/

[11] Derecho, comercio y etiquetado nutricional: reflexiones y experiencias desde América Latina/ Diana Guarnizo Peralta, René Urueña Hernandez y Juan Martín Carballo. Editores Académicos. – Bogotá: Editorial Dejusticia, 2022.