Desde 2013, Argentina se convirtió en el país pionero en la región de Las Américas en aprobar una ley que establece límites máximos de sodio en algunos alimentos en categorías de embutidos, panadería y snacks (picaderas).
Esta ley, actualizada en 2018 y junto a otras medidas como el etiquetado de advertencia, ha sido el resultado de la labor de distintos sectores en la elaboración y aplicación de políticas públicas enfocadas en la reducción del consumo de sal y sodio en el país sudamericano.
Desde esta experiencia conversa con Saludable Saberlo la nutricionista e investigadora Leila Guarnieri, quien forma parte del equipo de en proyectos de promoción de políticas de prevención de enfermedades no transmisibles en FIC (Fundación Interamericana del Corazón) Argentina.
– Sobre las políticas en salud que buscan, por ejemplo, reducir el consumo de sal y sodio, ¿cuáles son los principales retos para concebirlas e implementarlas?
Desde nuestra experiencia, en Argentina tenemos dos políticas que buscan reducir el consumo de sodio. Por un lado, tenemos una ley nacional de reducción de consumo de sodio que está vigente desde el año 2013, donde se plantean límites máximos de distintos grupos de alimentos que son productos cárnicos y derivados, farináceos y conservas. Y por otro lado, tenemos la ley de promoción de la alimentación saludable, que se sancionó en el año 2021, que alerta sobre el contenido excesivo de nutrientes críticos, como por ejemplo sodio, a través de sellos de advertencia. También se conoce como ley de etiquetado frontal y que también está implementada en otros países de la región.
A parte de esta última ley de etiquetado frontal, lo que se busca es que los consumidores tengan información real y clara sobre la calidad de los productos para que de esta manera puedan tomar mejores decisiones de consumo. Entonces a partir de estas dos políticas y del trabajo que hemos venido realizando te voy a comentar sobre estos principales retos que hemos venido observando.
En el diseño y concepción de una política, como es la de reducción de sodio que establece valores máximos permitidos de sodio en los alimentos, nos parece importante contar con evidencia local sobre la ingesta de sodio a nivel poblacional, las principales fuentes de sodio, las principales fuentes alimentarias de sodio en la población.
«La simple existencia de la ley no es suficiente si no hay un seguimiento, si no hay actualizaciones, si el Estado no garantiza que se cumpla la norma que está escrita».
Y después, conocer las principales fuentes de sodio permite saber cuáles tienen que ser los grupos de alimentos prioritarios para tener en cuenta en una regulación, cuáles son los grupos de alimentos que sí o sí tienen que ser incluidos en las regulaciones. Y también otro tipo de evidencia, que nosotros venimos generando a nivel local, es conocer el contenido de sodio en los productos que se comercializan en el país, que esto también nos ayuda a pensar en el diseño de la política, a pensar en el momento de su implementación, cómo se viene desarrollando el cumplimiento, donde están los puntos débiles.
También otro reto que nos resulta importante o un punto a considerar en el diseño de la política es tener en cuenta los estándares internacionales y las metas regionales en la reducción de sodio elaboradas por la Organización Panamericana de la Salud y también las directrices elaboradas por la OMS.
Esto desde el diseño y concepción de las políticas. Después, en relación a la implementación uno de los aspectos claves es lograr un monitoreo adecuado por parte del Estado, que estos monitoreos se lleven adelante de manera regular para que se verifique que se cumplan las normativas que obligan a las empresas a respetar estas normas, y que también se impongan sanciones en el caso de los incumplimientos que se detecten.
En el caso del etiquetado frontal, en la ley de implementación de la alimentación saludable, nosotros vemos como un gran desafío el tema del monitoreo. No encontramos mecanismos claros, no están establecidos claramente los mecanismos. Si lleva a cabo el Estado distintos procedimientos para su fiscalización, desconocemos, entonces ese es un punto que nos falta y que es importante destacar y hay que remarcarlo mucho, digamos, presionar mucho para que el Estado establezca de forma clara esos procedimientos, que se reporte, que sean reportes públicos para su control.
Nosotros desde la sociedad civil, al no haber reportes de cumplimiento por parte del Estado a los que podamos acceder, venimos realizando nuestros propios levantamientos, otra vez generando nuestra propia evidencia para ver cómo se empieza a implementar la política y ya pudimos detectar incumplimientos importantes por parte de la industria desde que comenzó la ley del etiquetado.
Entonces, esos puntos me parecen importantes. Y después, la política de reducción de sodio que tienen los límites máximos para los grupos de alimentos nos parece importante que ha medida de que se va implementando también se considere la actualización de la normativa. Como te dije antes, la ley está vigente desde el año 2013 y desde ahí no encontramos grandes avances en más de diez años que está vigente esta política.
Han sido muy escasas las actualizaciones que se han hecho, y a lo largo del tiempo van surgiendo categorías nuevas, las encuestas de nutrición nos van diciendo cuáles son las fuentes alimentarias de sodio que quizás vemos no están incluidos ciertos alimentos, y entonces hay que incorporar nuevas categorías, los límites que ya estaban fijados en grupos de alimentos también tienen que ser revisados y actualizados, haciéndose más exigentes a medida que la política se implementa es necesario también ajustar esos límites para que, definitivamente, este tema impacte en el consumo de sodio en la población.
Y que esos estándares, como dije antes, se vayan actualizando también en base a las metas que vayan fijando los nuevos estándares que van surgiendo. En las metas regionales había una publicación del año 2015, en el año 2021 la OPS las revisó y las actualizó, entonces a medida que van cambiando estos estándares también las políticas deberían ir revisándose y siguiendo esos mismos lineamientos.
La simple existencia de la ley no es suficiente si no hay un seguimiento, si no hay actualizaciones, si el Estado no garantiza que se cumpla la norma que está escrita.
– ¿Qué resultado han tenido, desde el punto de vista de los avances?
En realidad, por un lado, la ley que está vigente desde hace más tiempo y que podría demostrar más resultados es la de la ley de reducción de sodio, pero como te decía hay falencias. Encontramos que incluso las categorías que son más importantes a nivel de sodio en la población, como los quesos, no tienen límites máximos. Entonces, hay falencias, por lo que la efectividad es dudosa.
Y, además, algo que nos podemos dar cuenta es cómo va el consumo, porque en realidad no tenemos un seguimiento de encuestas de nutrición que sean comparables para poder ver cómo se comportan estas en el tiempo. Argentina había realizado una encuesta de nutrición en el año 2005, pero solamente incluía un sector de la población: madres en periodo de lactancia y niños y niñas menores de cinco años. Y en el año 2018, 2019, fíjate con qué diferencia de tiempo, casi quince años después se repitió este levantamiento, pero incluyó a toda la población desde los dos años, y ahí sí se evaluaron las ingestas de alimentos, de nutrientes, que fue interesante y estamos sacando muchos datos de consumo para tener este diagnóstico de la situación nutricional de la población argentina, pero no es comparable con la de 2005 porque son poblaciones distintas.
Sabemos sí que el consumo de sodio sigue siendo preocupante, que más del 90 por ciento de la población supera la ingesta diaria de sodio, la ingesta máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que son 2 mil miligramos de sodio/5 gramos de sal por día. Eso sí lo vemos en esta segunda encuesta. Vemos también que la prevalencia de hipertensión en la población es del más del 40%. Son datos que nos llaman la atención. No podemos evaluar cuál es la afectividad de la política, pero sí podemos ver que sigue siendo un problema que hay que atender.
Más recientemente, la ley del etiquetado frontal que también contribuye a este objetivo, pero se empezó a implementar gradualmente, para finales de 2023 estaba su implementación completa en todos los productos, entonces ahora tenemos que esperar con el tiempo cómo se comporta la población ante esta medida y cuáles son los cambios que vemos que tenemos que estudiar, pero tenemos que dar margen a la implementación para poder ver sus efectos.
– ¿Considera que es relevante que las medidas sean obligatorias?
Sí. Las políticas tienen que ser obligatorias y deben establecer sanciones para aquellas empresas o industrias que no las cumplan.
Si las políticas no establecieran un cumplimiento obligatorio y no establecieran sanciones la verdad es que las industrias tendrían pocos incentivos para adecuarse y para cumplir y esto afectaría la efectividad. Además, un punto importante es que los Gobiernos no deben promover la autorregulación, ya que se ha visto que en materia de políticas de etiquetado, de marketing, que no funcionan, que suelen ser pautas muy débiles la que se impone la misma industria e incluso puede atentar contra la imposición de políticas más efectivas.
Por ejemplo, si en algún momento la industria se autorregula en algún punto, y luego el Estado quiere imponer alguna ley o alguna norma de forma obligatoria, las industrias podrían apelar al argumento de para qué se va a regular en la materia si ya hay una norma. Por supuesto, serán débiles y el tema es con el interés de la industria, no con el interés de proteger la salud de la población.
Por eso consideramos que deben ser obligatorias y que los Gobiernos no dejen estas medidas de manera voluntaria y a la autorregulación.
– ¿Cómo podemos fortalecer las estructuras de la sociedad civil para avanzar en políticas públicas como las que buscan regular el consumo de sodio y sal en América Latina y el Caribe?
Son fundamentales las capacitaciones que se puedan hacer a nivel regional en los países que quieren avanzar, que no tengan regulaciones aún, que la quieran promover, que quieran fortalecer en el caso de que exista alguna regulación.
Me parece importante generar instancias de capacitación entre los países que tienen experiencia, que hayan avanzado, y también entre los que tienen regulaciones las experiencias son distintas en cada caso, entonces que se pueda dar este intercambio de desafíos, de facilitadores, porque la verdad es que también siempre hay alguna ventana de oportunidad, siempre se encuentran a pesar de los obstáculos, siempre se pueden encontrar y surgen estas oportunidades que por allí no se está viendo, escuchar la experiencia de otro país abre algunas instancias, alguna oportunidad que se puede dar y por ahí se puede empezar a poner en agenda el tema o alguna herramienta para empezar a sensibilizar para los tomadores de decisión.
Y también para conocer las debilidades de políticas que estén implementadas, para poder mejorarlas. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Argentina, en la ley del etiquetado siempre mencionamos el caso de Chile, que fue el pionero en la región y fue un puntapié para otros países que implementaban medidas y nos abrió muchas oportunidades porque conocemos su experiencia, podemos poner de ejemplo que hay otro país que ya tenía una política, que no es lo mismo que proponer algo que es quizás novedoso entonces ya es tomado de otra manera, por los legisladores, por los gobiernos. También que Chile empezó a generar evidencia. Hoy en día podemos citar estudios de impacto de la política y también en su momento nos sirvieron estudios que se habían hecho en Uruguay, que habían empezado a trabajar en la política del etiquetado.
Entonces, estos intercambios son fundamentales, instancias de capacitación, y vuelvo a remarcar el hecho de generar evidencias o de tomar evidencia de otros países para promover políticas siempre puede ser de gran ayuda. En nuestra caso fue sumamente importante y abrió muchas puertas generar esas evidencias también a nivel local, tomando de referencia la de otros países, generar la misma evidencia en el ámbito local también para conocer la problemática, para dar cuenta de por qué es un tema, de por qué se tiene que trabajar en eso.