Alto directivo de Coca-Cola y presidente de un país. Hijo de la mayor empresa de bananos y, también, primer mandatario de la república. Un gobierno que pone freno a la agricultura corporativa, sobreviene un Golpe de Estado y, en muy breve lapso, se autorizan todos los transgénicos solicitados por multinacionales. Es solo una muestra de casos donde se evidencia el poder desmedido de sectores oligopólicos de la alimentación, el control que ejercen sobre gobiernos y la debilidad democrática.

Un recorrido en clave de historia reciente, y también de presente y futuro.

Coca-Cola a la presidencia

Una democracia es, en su definición más popular y casi de manual escolar, el «gobierno del pueblo», en búsqueda del bien común. Por contraposición, una empresa tiene como objetivo, sobre todo, obtener fines lucrativos. A pesar de ese sentido común básico, Vicente Fox, ejecutivo de Coca-Cola pasó de la mayor corporación de bebidas azucaradas a presidente entre el 2000 y 2006 en México, el segundo país más poblado de América Latina.

«Puertas giratorias» es un término que define a cómo las personas pasan del sector empresario al gubernamental y viceversa. En esta práctica siempre el sector beneficiado es el privado: no se conocen casos de empresarios que hayan pasado a una función estatal y desde allí controlado o endurecido legislaciones sobre el sector del que provenían. Además, las corporaciones contratan a ex funcionarios como casi premios por sus tareas cumplidas desde el Estado (en beneficio de las compañías) y también se valen de ellos porque, justamente, conocen desde adentro los engranajes gubernamentales, lo que puede acentuar los beneficios corporativos.

«Coca-Cola en México lleva a cabo estrategias con el fin de prevenir, retrasar o debilitar las regulaciones que restringen sus actividades (…) El fichaje de políticos es uno de sus métodos. Su modus operandi es sumar ex presidentes, ex secretarios de Estado y otro tipo de servidores públicos a sus filas con el fin de obtener beneficios debido a sus relaciones y a su influencia en el ámbito político», resume una investigación de Kennía Velázquez y Elizabeth Rosales.

Recuerdan que en 1998, él mismo creó la «Asociación Civil Amigos de Fox», con ayuda de ex compañeros de la multinacional –como Lino Korrodi, su coordinador de campaña electoral, y José Luis González González, quien había sido presidente de Coca Cola México–. La misma empresa fue quien realizó los primeros donativos al entonces candidato para su campana.

Ya como presidente, Fox nombró a Cristóbal Jaime Jaquez (con quien trabajó en la compañía durante doce años), como director de la Comisión Nacional del Agua. «Durante esa gestión se triplicaron las concesiones de agua que tenían subsidiarios de Coca Cola y Nestlé», afirma el trabajo de Velázquez y Rosales.

Eduardo Gómez es investigador y publicó un paper titulado «La influencia política de Coca-Cola en México: entender el papel de las instituciones, los intereses y la sociedad dividida». Allí desarrolla el accionar de Coca-Cola y de los sectores políticos en las últimas décadas. Destaca que las principales industrias, como Coca-Cola, han bloqueado continuamente la priorización de políticas dirigidas a alertar sobre al consumo, la comercialización y la venta de productos ultraprocesados.

«Una de las razones por las que las epidemias industriales de obesidad y diabetes tipo 2 florecieron en México tiene que ver con la capacidad continua de Coca-Cola para influir negativamente en las decisiones de los políticos de no priorizar las políticas de enfermedades no transmisibles, asumiendo varias estrategias políticas para prohibir que las ‘ventanas de políticas’ se abran y conduzcan a políticas de ENT más agresivas (…) Con el acceso sin restricciones a los mercados, facilitando la comercialización, la venta y el consumo de los productos poco saludables de Coca-Cola, esta industria se ha comportado como un peligroso ‘vector de enfermedad'», afirma la investigación.

Un hecho particular que destaca Gómez es que la influencia de Coca-Cola no está conformada únicamente por la mayor importancia económica de la corporación, sino también por su acceso a políticos, instituciones y estrategias para dividir a la sociedad civil.

Como hechos importantes del accionar de Coca-Cola señala las Olimpiadas (1968) el Mundial de Fútbol (1986), donde la multinacional cumplió un rol protagónico entre los auspiciantes. Y también la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, que facilitó la inversión extranjera directa de los Estados Unidos y la expansión de la industria de bebidas azucaradas en México.

Gómez recuerda que Ernesto Zedillo también se sumó como consejero a Coca-Cola, meses después de dejar la presidencia (1994-2000). Durante su gobierno había permitido que la publicidad de alimentos y bebidas fuera autorregulada por la propia industria. «Desde principios de los años ’90, las industrias de bebidas azucaradas y de comida rápida en México mostraron una gran influencia sobre la política de prevención de enfermedades no transmisibles», señala el investigador y concluye: «En México, Coca-Cola sigue teniendo éxito debido a la facilidad con la que los líderes de la industria tienen acceso a instituciones del Congreso y burocráticas, presidentes de apoyo, al tiempo que obstaculiza la movilización cívica».

Ecuador: el imperio del banano

Daniel Noboa, presidente de Ecuador desde 2023 con marcada tendencia neoliberal, es parte de una de las familias más ricas del país, y base de su fortuna es la producción y exportación de bananos.

Hijo de Álvaro Noboa, cinco veces candidato presidencial, y formado en Estados Unidos, es el mayor de cuatro hermanos e hijo de Annabella Azín, también millonaria y política (fue candidata a la vicepresidencia).

El hacedor inicial del imperio fue Luis Noboa Naranjo (abuelo del actual Presidente), uno de los empresarios más importantes de Ecuador en el siglo XX, que introdujo a los años 60 la marca de avena Quaker, un producto también importante para la construcción de la fortuna.

El Grupo Noboa ( también llamado “Exportadora Bananera Noboa”) aún tiene como pilar la comercialización del banano, del que Ecuador es el principal exportador mundial, pero se expandió al transporte marítimo y bienes raíces.

El banano (o banana, según la región) es la fruta más cosechada del mundo, con 155 millones de toneladas al año, según precisa el informe «Frutas y verduras esenciales en tu dieta», de la FAO, seguido de cerca por los cítricos (152 millones). Asia es la mayor zona productora. Con América del Sur y Central como segundo lugar. Ecuador es uno de los grandes productores de la región, pero sobre todo se destaca en su rol como proveedor internacional: abarca el 29% del mercado exportador. «Las exportaciones de banano son el eje fundamental de la económica ecuatoriana en términos de valor bruto de producción después del cacao, el camarón y el café», precisa el investigador Josué Paúl León Ajila, de la Universidad Técnica de Machala (Ecuador).

Elizabeth Bravo es una gran conocedora, activista, docente universitaria e investigadora del agro y los bienes comunes de Ecuador. «El banano tiene muchas variedades criollas, pero se han ido perdiendo. Y mucho tiene que ver que todo el banano que se exporta en el mundo es de la variedad Cavendish», explica. Y señala que, las otras variedades, se cultivan en fincas campesinas para autoconsumo.

Y le pone un nombre a lo que pasa a nivel global sobre la pérdida de diversidad: «Se trata de erosión genética, la pérdida de variabilidad dentro de un cultivo». Donde el rol de las grandes empresas es vital. La investigación «Una mirada al banano transgénico desde la ecología política» se remonta a la historia y fija un punto de quiebre a mediados de la década del siglo XX, cuando la estadounidense United Fruit Company avanzó con grandes plantaciones de una sola variedad («Gros Michel», más conocida como «Cocos»). Una década después (1959) comenzó con la introducción de la Cavendish.

La concentración monopólica es una característica central de la comercialización en Ecuador. La Bananera Noboa ha sido la exportadora más importante del país y ocupado ese lugar por más de tres décadas (actualmente en tercer lugar, luego de las compañías Ubesa y seguida por la rusa Pacific Crown Fruit).

Entre las tantas consecuencias de la uniformidad de cultivos de alimentación y la incidencia de los monopolios de comercialización, la investigación destacada el aspecto social. «Parecería (por la publicidad empresaria y los discursos de funcionarios) que la industria bananera beneficia a un importante grupo de agricultores pequeños y medianos, pero éstos tienen una fuerte dependencia a los exportadores. Sus fincas son de hecho territorios campesinos monopolizados por el agronegocio».

No fueron pocos los casos denuncias por evasión de impuestos, explotación laboral y competencia desleal (o monopólica) del sector del banano. Como en otras producciones del continente, se endeuda a las fincas más pequeñas y, cuando ya no pueden pagar, se les quita la tierra.

«Los Noboa son un grupo económico con un enorme control sobre la economía del país y, al igual que otros grupos en América Latina, son corporaciones familiares que se han construido sobre todo con base en el lazo social, al mantenimiento de un patrimonio que, en muchos casos, tiene orígenes en los privilegios coloniales”, explica el sociólogo y analista David Suárez para una investigación de Verónica Calvopiña para el medio comunitario Wambra.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) acusó, en octubre de 2025, al presidente Noboa de responder con “represión” a las demandas del pueblo y profundizar «su política de guerra», luego de que se decretara el «estado de excepción» en diez provincias en el marco de un paro nacional que se realizaba en el país. En agosto pasado, la Conaie emitió un comunicado sobre lo difícil que es vivir en el país: «La canasta básica familiar de 825 (dólares) ya no alcanza. Vivir en Ecuador cuesta cada vez más». Y, entre los puntos que destaca como cada vez más difíciles de pagar son: alquiler de vivienda, trasporte, electricidad, agua y alimentos.

Todos problemas muy distantes al de la familia Noboa, que reconoció una fortuna de 1200 millones de dólares.

Paraguay: golpe de Estado y democracia transgénica

El presidente Fernando Lugo, un ex obispo católico que llegó al gobierno con apoyo de sectores populares, sufrió un golpe de Estado en junio de 2012. Estuvo cuatro años en el poder y –además de sus errores propios y de la coalición que lo llevó al Poder Ejecutivo– tuvo que enfrentar al control casi monopólico del partido Colorado, heredero de la larga dictadura militar de Alfredo Stroessner (35 años, la dictadura más extensa de América del Sur).

Lugo, que contó con apoyo de campesinos y pueblos indígenas, tuvo una política de cuestionamiento al modelo de agro transgénico y al poder terrateniente del país (con una muy alta concentración de tierras en pocas manos). Al momento de ser destituido, estaba en debate público la autorización de nuevos transgénicos en el país. El gobierno de Lugo rechazaba nuevas autorizaciones.

Las organizaciones campesinas de Latinoamérica repudiaron el golpe de Estado. Y en sectores militantes del Cono Sur circuló fuerte la versión del «golpe impulsado por Monsanto» (en ese momento, la mayor corporación del agro mundial). No hubo pruebas concretas de la incidencia de las empresas transgénicas en el golpe, pero ninguna de ellas condenó la destitución y, por el contrario, obtuvieron visto bueno a todos sus pedidos con el nuevo gobierno (de Federico Franco).

Lis García es investigadora de la organización BASE-Investigaciones Sociales, un espacio de referencia en el estudio del modelo agropecuario de Paraguay. Resume lo que implicó la destitución del presidente Lugo: «Fue un quiebre democrático muy fuerte en el país. Y muy rápidamente se dieron todas las aprobaciones de transgénicos; sin dudas da cuenta de el lugar de poder que tienen los sectores vinculados al agronegocio en Paraguay, desde el sector terrateniente, una minoría que controla la tenencia de la tierra en el país, así como las empresas trasnacionales de semillas como Bayer/Monsanto y Syngenta. También las principales exportadoras, como Cargill».

Precisa que, además de controlar el sector principal de la economía, el modelo de agricultura industrial (que por esos lados se llama también «agronegocio»), «también tienen el control de las instituciones del Estado».

Hasta el gobierno de Lugo había una sola soja transgénica en Paraguay, de la multinacional Monsanto. Previo al golpe de Estado, las empresas de transgénicos y agrotóxicos exigían la aprobación de nuevas semillas de algodón y maíz modificado genéticamente. Tanto el sector campesino como áreas de gobierno (Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente) estaban en contra de las nuevas autorizaciones.

Lo que provocó un gran debate de sectores antagónicos.

«Con el quiebre democrático sobrevino, como una de sus primeras medidas, la liberación de los transgénicos, algodón y maíz, que pedían las empresas trasnacionales», recuerda la investigadora.

Estaba ya en el gobierno Federico Franco, «quien asumió de manera ilegal e ilegítima». Además dio un paso más y flexibilizó toda la normativa de aprobación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM): «Desmanteló todos los criterios en relación con las pautas en materia ambiental, sanitaria y alimentaria. Todas las dimensiones que son afectadas por la liberación de transgénicos fueron desmanteladas».

Y remarca que, además, modificó la regulación de los transgénicos del país. Le otorgó al Ministerio de Agricultura y Ganadería el poder de decisión y control. «Es el mismo Ministerio que está controlado, intervenido, por las empresas del agronegocio», denuncia Lis García.

«La aprobación del maíz fue un golpe tremendo para las organizaciones campesinas, grupos ambientalistas, organizaciones indígenas y otros sectores amplios de la sociedad, porque el maíz constituye un pilar fundamental de la cultura alimentaria de Paraguay. Además de poner en peligro a las variedades nativas y criollas. Fue una tragedia», afirma.

En el 2019, ya en el gobierno de Mario Abdo Benítez, se introdujo un procedimiento de aprobación simplificado para eventos que hayan sido evaluados por otros países. «El gobierno de Paraguay dictaminó que Paraguay perdía completamente soberanía en relación con los criterios para evaluar la bioseguridad de materia de transgénicos en el país. Algo muy grave. De esta forma, Paraguay puede aprobar transgénicos que se hayan aprobado en cualquier país del mundo, solamente con un dictamen de bioseguridad de ese otro país», denuncia García y recuerda que el aumento de transgénicos implica también el aumento de uso de agrotóxicos (glifosato, dicamba, 2-4D y glufosinato de amonio, entre otros).

No fue solo el gobierno de Federico Franco. En la misma línea siguieron Horacio Cartes (2013-2018), Mario Abdo Benítez (2018-2023) y Santiago Peña (actual).

Lis García no tiene dudas: «El quiebre democrático de 2012 implicó una profundización del extractivismo, que se expresó de manera muy clara con la aprobación de transgénicas».

A catorce años de la destitución del presidente Lugo, los sucesivos gobiernos aprobaron más de 70 transgénicos. Todos pedidos por las multinacionales de la agricultura industrial.