El gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, está muy cerca de entregar los glaciares –una de las principales fuentes de agua dulce– a las corporaciones mineras. Se trata de la llamada reforma de la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Congreso Nacional. Más de 100 mil personas se inscribieron en audiencia pública para expresar su rechazo, pero la Cámara de Diputados solo permitió que hablen 400.

El presidente Milei niega el cambio climático, en reiteradas oportunidades ha despreciado el cuidado del ambiente e incluso insultado a quienes defienden los bienes comunes. El 16 de marzo, en un discurso público, llamó «idiotas» a los y las ambientalistas y hasta justificó la contaminación: «¿Para qué nos dio el Creador el planeta? ¿Para contemplarlo?».

En 2008, el Congreso Nacional aprobó el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, más conocida como Ley de Glaciares. La entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en sintonía con los pedidos de la canadiense Barrick Gold (una de las mayores mineras de oro del mundo), vetó la norma. Pero volvió a ser aprobada por el Congreso Nacional en 2010. Fue un enorme triunfo de los sectores que priorizan el ambiente y la salud de las personas.

Un punto principal de la ley es la realización de un relevamiento nacional de glaciares, a cargo del espacio científico Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia). Y, segundo pilar de la ley, se prohíben actividades que pudieran afectar a los cuerpos de hielo. En 2019, el Ianiglia dio a conocer los resultados y precisó que en Argentina existen al menos 16 968 cuerpos de hielo, que abarcan 8 484 kilómetros cuadrados.

Las grandes multinacionales mineras siempre hicieron lobby para modificar la Ley de Glaciares, y siempre contaron con Gobiernos provinciales como aliados (la Constitución Nacional de 1994 establece que los «recursos naturales» son de las provincias).

Desde la asunción de Javier Milei (diciembre de 2023), fue pública su voz respecto a dar prioridad a la megaminería y modificar la legislación ambiental.

En 26 de febrero, tuvo media sanción (Cámara de Senadores) lo que las organizaciones ambientales llamaron «desguace» (no «modificación»), ya que desecha el rol científico-técnico del Ianiglia y otorga el poder total a los gobiernos provinciales para decidir qué glaciar es importante y cuál se puede destruir. Justamente, los Gobiernos provinciales –de diversos signos partidarios– son los mayores aliados de corporaciones mineras.

«Es el zorro cuidando el gallinero», resumió Sergio Martínez, vecino y activista ambiental de la localidad de Andalgalá (provincia de Catamarca), histórico sitio que ya padeció la megaminería (fue el primer lugar, en los años ’90, con un proyecto extractivo) y ahora está en pie de lucha frente a otro mega proyecto minero, llamado MARA (Minera Agua Rica Alumbrera, de la corporación anglo-suiza Glencore).

El abogado ambiental Darío Ávila destacó dos puntos fundamentales: del agua de los glaciares de Argentina depende siete millones de personas y destacó que, de aprobarse la reforma, será judicializada por «regresiva e inconstitucional». Según la normativa local, una vez que existe un piso de protección (en este caso, 16 968 glaciares), no se puede modificar para ir por menos protección (solo se puede ir por más).

Aún falta la media sanción en la Cámara de Diputados. Mediante la presión de la oposición legislativa, el gobierno nacional aceptó el llamado a audiencia pública (como establece el Acuerdo de Escazú). Y allí sucedió un hecho histórico: se inscribieron más de 100 mil personas de todas las provincias de Argentina. Nunca había pasado algo semejante en Argentina. Cada persona inscrita contaba con derecho a hablar por cinco minutos y exponer sus argumentos. Pero entonces intervino el gobierno de Milei. Estableció de forma autoritaria que solo hablarían 400 personas, durante dos días (25 y 26 de marzo), sin siquiera explicar cómo fue el método de selección.

«A más extractivismo, menos democracia», es una denuncia desde hace años de las organizaciones ambientales y de pueblos que rechazan la megaminería, la explotación petrolera, el monocultivo forestal y el agronegocio transgénico, entre otras actividades que afectan los bienes comunes. En este caso, una decena de diputados se imponen a la intención, y el derecho, de participar de más de 100 mil ciudadanos y ciudadanas de Argentina.

El gobierno de Milei intentará aprobar la reforma en abril. Aún no está dicha la última palabra, aunque el recuento (con apoyo de gobernadores del peronismo) pareciera hacer creer que cuenta con los votos necesarios. Algunas de las multinacionales beneficiadas, el real poder detrás de todo esto, son: Glencore, BHP, Lundin, McEwen Cooper, Río Tinto y Barrick Gold.

Los dos días de audiencia pública en el Congreso Nacional se repetían los carteles con una consigna que, en los pueblos de Argentina, ya es bandera de lucha: «El agua vale más que el oro».