México realizó una nueva y crucial reforma a su política fiscal de salud, centrada en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas. Un esfuerzo que se ha visto frenado en una de sus metas: las bebidas con edulcorantes no calóricos, debido a la clara interferencia de la industria de los refrescos. 

Estas bebidas, conocidas como “cero azúcar” o “light”, son comúnmente endulzadas con aditivos como el aspartamo y la sucralosa, y son promocionadas como un “sustituto saludable” para refrescos y jugos ultraprocesados. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que “no se utilicen edulcorantes sin azúcar como medio para controlar el peso o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles”.

“La revisión sistemática no evidenció beneficios a largo plazo sobre las medidas de la grasa corporal en adultos ni en niños, pero sí posibles efectos indeseables del consumo a largo plazo consistentes en un aumento del riesgo de diabetes de tipo 2, de Enfermedades cardiovasculares (ECV) y de mortalidad en adultos”, observa la OMS en su documento “Uso de edulcorantes sin azúcar: resumen de la directriz de la OMS”, actualizado en 2023.

De la propuesta al acuerdo

La propuesta original del Gobierno mexicano buscaba aumentar drásticamente la cuota para las bebidas azucaradas y gravar de forma similar a las bebidas con edulcorantes, que no fueron gravadas cuando se implemento este impuesto en el 2014. Sin embargo, un acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Salud y la industria refresquera, liderada por Coca-Cola, modificó significativamente el esquema fiscal.

La cuota para las bebidas azucaradas se mantuvo en $3.08 pesos por litro, lo que representa un aumento considerable respecto a la cuota anterior de $1.00 peso por litro. Para las bebidas con edulcorantes no calóricos, la cuota final aprobada fue de $1.50 pesos por litro, aproximadamente la mitad del impuesto a las versiones azucaradas.

Según el Gobierno, esta diferenciación busca lograr un impacto en la salud pública de forma más rápida que solo el impuesto, que entrará en vigencia en 2026.

«La propuesta original era subirlo igual a 3.08 pesos por litro, pero como un compromiso de nosotros reducir a 1.50 pesos por litro en las light, es decir, la mitad de las que tienen azúcar», explicó Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica el 17 de octubre de este año 2025, durante la rueda de prensa diaria de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

¿A cambio de qué fue cambiada la propuesta? El funcionario explicó que la promesa de la industria fue reducir en un 30 % el contenido de azúcar y calorías en promedio de sus portafolios de bebidas tradicionales en un plazo de un año; dejar de publicitar refrescos con niños, niñas y adolescentes; y mantener una diferencia de precio para incentivar la migración de consumo hacia las versiones light y zero”. 

«El objetivo, siempre lo dijimos, era reducir el consumo de refresco», dijo la presidenta mexicana en esa rueda de prensa, al responder cuestionamientos sobre la negociación con la industria refresquera, horas antes de que la Cámara de Diputados aprobara los nuevos impuestos, refrendados once días después por el Senado mexicano.

No obstante, la mandataria reconoció que, aunque se fomenta la migración de consumo, la alternativa light no es la ideal. «La recomendación de la Secretaría de Educación sigue siendo la misma, no tomemos refresco si es posible, pero para aquellos que lo vayan a seguir tomando va a tener menos efectos perjudiciales para la salud». 

Un “logro a medias”

Desde la sociedad civil, la visión es cautelosa. Christian Torres, coordinador de conflicto de interés e interferencia de la industria del Poder del Consumidor México, señaló que el resultado fue un «logro a medias”. El principal punto de fricción fue la reducción del impuesto a los edulcorantes, ya que la propuesta inicial era gravarlos de forma similar a las bebidas con azúcar. 

«Lo que ha hecho la industria es voltear la narrativa, poner estos alternativos como que no son dañinos, que son como un sustituto perfecto ante las bebidas azucaradas”, señala Torres.

Destaca que, aunque la propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que las versiones light y zero tampoco son saludables, se negoció un impuesto más bajo. La razón detrás de la concesión, según Torres, no fue la salud. «Creo que fue un tema más económico y justo la agenda del Mundial (de 2026). Creo que eso tiene un peso muy importante y que por eso cedieron ante esta negociación. Yo creo que el Mundial fue un determinante para que se negociara».

Además, Torres advierte sobre las trampas en los compromisos de publicidad. «Se comprometieron a no utilizar niños, niñas, adolescentes en su publicidad, pero eso no quiere decir que su publicidad no vaya dirigida a ellos. Hay que estudiar muy bien y hay que ver el uso de las palabras”.

A pesar de este escenario, Torres reconoce que se ha sentado un precedente, ya que México fue el primer país en implementar un impuesto a las bebidas azucaradas en 2014, y ahora ha logrado establecer una tasa impositiva a las bebidas con edulcorantes.

Sin embargo, Torres alerta sobre el cambio de rumbo de la industria de los refrescos, pues tras su impulso a la reformulación se evidencia una estrategia centrada en las bebidas “lights y cero azúcar”, cuyo consumo implica un peligro para la salud, de acuerdo con las evidencias en cuanto al consumo de edulcorantes. 

“La industria también se está innovando. Cada día salen más y se vuelven complicados de regular. A veces ni siquiera los llaman como edulcorantes o los quieren reconocer como edulcorantes. Entonces creo que esa es la intención de la de la industria, el que no se toque ese tema de los edulcorantes, porque saben que tienen mucho futuro por delante con el uso de este tipo de productos y que se van a ir hacia allá”.