Tras una década sin implementar nuevos gravámenes, el Gobierno de Jamaica ha introducido un Impuesto Especial al Consumo (SCT) de $0.02 de dólares por mililitro sobre las bebidas no alcohólicas azucaradas (NASB). 

Esta medida, presentada por la ministra de Finanzas Fayval Williams, surge no solo como una necesidad recaudatoria tras el impacto del huracán Melissa, sino fundamentalmente como una herramienta de salud preventiva.

El objetivo central del impuesto es combatir la alta incidencia de enfermedades no transmisibles en la isla influenciadas por el alto consumo de azúcares, como la diabetes tipo 2 y la hipertensión, condiciones que afectan gravemente a la población jamaicana.

De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la prevalencia de sobrepeso y obesidad en este país caribeño en personas de 15 años o más fue de 61.1% para el 2022. Mientras que la prevalencia de diabetes mellitus, que en el 2000 se hallaba en 8.1%, se incrementó a 11.9% en el 2014.

El impuesto aplica a bebidas con azúcar añadido, edulcorantes calóricos y edulcorantes artificiales o no nutritivos, ya sean de fabricación local o importadas. Se estima que el aumento de precios desincentivará el consumo habitual. 

Industria esgrime argumentos sin evidencia

La respuesta del sector industrial y de ciertos sectores políticos ha sido catalogada por defensores de la salud como una estrategia de interferencia para proteger intereses comerciales.

Líderes del sector, como William Mahfood (Grupo Wisynco), argumentan que el impuesto afectará más a los hogares pobres. Sin embargo, la evidencia internacional sugiere que estos grupos son precisamente los más beneficiados a largo plazo, al reducir sus gastos futuros en tratamientos médicos por enfermedades crónicas.

Tambien la industria de los ultraprocesados sostiene que la demanda es «inelástica» y que el impuesto no cambiará comportamientos. No obstante, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirman que los impuestos selectivos son la herramienta más costo-efectiva para reducir el consumo de productos nocivos.

La oposición ha intentado desviar el debate hacia la falta de alternativas o la ambigüedad en la aplicación del impuesto (como en bebidas en polvo), tácticas comunes para retrasar la implementación de políticas de salud pública.

Se espera que el impuesto genere $10,100 millones de dólares en su primer año. Mientras la industria presiona por exenciones, el Gobierno mantiene que la prioridad es fortalecer la movilización de ingresos y, sobre todo, preservar el valor de la salud de los ciudadanos frente a la epidemia de enfermedades ligadas al azúcar.